Los partidos independentistas pidieron al principio de esta semana que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, compareciera para dar explicaciones por el segundo caso de un policía español infiltrado en movimientos sociales de Barcelona. Junts per Catalunya, sin embargo, también se ha dirigido a la ministra de Igualdad, Irene Montero, para pedirle si considera que el agente del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) ejerció "violencia sexual institucional" contra las cinco activistas, con las cuales mantuvo relaciones con el objetivo de integrarse en estos grupos y acceder a nuevos. Ha sido la portavoz de Junts en la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados, Pilar Calvo, quien ha registrado las preguntas con respecto a esta cuestión.
Un "ataque frontal" a las políticas de Igualdad del Gobierno
El agente, que "tuvo relaciones con las cinco mujeres denunciantes, actuaba como agente del Estado y tenía que informar a sus superiores de su actividad, y, presuntamente, estos la toleraron", ha argumentado Calvo para pedir al Ministerio de Igualdad si considera este caso "violencia sexual institucional". La diputada de Junts también ha señalado que este tipo de casos suponen un "ataque frontal a las políticas de Igualdad del Gobierno", dado que se traslada a las mujeres la idea de que pueden ser utilizadas sexualmente, cosificándolas degradándolas o maltratándolas psicológicamente bajo el amparo y la tolerancia del Estado".
Por otra parte, el portavoz de Interior de Junts, Josep Pagès, ha hecho una petición a Grande-Marlaska para que responda si los agentes infiltrados pueden establecer relaciona sexoafectivas durante sus investigaciones, si se trata de una práctica habitual y si, en este caso, los superiores del policía que se hacía llamar Dani Hernández Pons, eran conocedores de estas relaciones y si, en caso contrario, se le ha exigido algún tipo de responsabilidad disciplinaria a algún nivel. "¿Considera el Gobierno que una conducta como la descrita merece ser recompensada con el premio de un destino privilegiado, como es la adscripción a una embajada, con una remuneración de entre 10.000 y 20.000 euros mensuales?", señala Junts en otra pregunta.
El conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, ya se dirigió el lunes pasado a Marlaska para exigirle explicaciones. "Estamos ante hechos graves que requieren respuestas urgentes", expresó en una carta. En la misma línea se ha expresado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que en otra misiva remesa este viernes al ministro del Interior le ha reclamado "explicaciones esclarecedoras y completas que den respuesta a este alarmante suceso" y también "la asunción y depuración de responsabilidades lo antes posible".