El presidente del grupo parlamentario de Junts per Catalunya, Albert Batet, y la portavoz parlamentaria, Mònica Sales, han enviado una carta al president de la Generalitat, Salvador Illa, pidiéndole que retire el decreto que daba respuesta al apagón general que el Govern aprobó el 3 de junio. El argumento de los juntaires es que este decreto genera "inseguridad jurídica" y piden "trabajarlo" con los sectores implicados con el fin de crear una nueva versión que "aclare y revise los puntos que generan inseguridad jurídica". De hecho, Junts per Catalunya también pide incluir en este grupo de trabajo las entidades municipalistas (Associació Catalana de Municipis, Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Micropobles) a fin de que se "respete" la autonomía municipal.
Los juntaires también condicionan su apoyo en el Parlament a incluir estas consideraciones dentro del decreto. Los juntaires subrayan que su objetivo es "priorizar el interés de país" y no retrasar los beneficios de esta propuesta del Govern evitando que se tramite como proyecto de ley. El grupo parlamentario presidido por Albert Batet valora "positivamente" la voluntad y el espíritu de la iniciativa del ejecutivo presidido por Salvador Illa en la actual situación energética, aunque critica que se haya hecho con "poco consenso y sin negociación previa" con los sectores clave de Catalunya, haciendo referencia especial al municipalismo y el primer sector. De hecho, también critican que los grupos parlamentarios no hayan podido hacer modificaciones y aportaciones al decreto del Govern.
Nuevo decreto durante la primera semana de julio
La portavoz del grupo parlamentario juntaire, Mònica Sales, reclama al Govern que, durante una semana, escuche los sectores implicados y presente, durante la primera semana de julio, una nueva versión del decreto ley para iniciar la tramitación y validación al Parlament. En caso de que el ejecutivo de Illa lo haga, Junts se plantea votar a favor. "Entidades como el ACM, la FCM y la Associació de Micropobles tienen que poder aportar sus inquietudes y poder blindar en el redactado y contenido del Decreto ley las suficientes garantías de seguridad jurídica y de autonomía municipal ante procedimientos de expropiación, cobro de impuestos y plazos de informes, entre otros aspectos," reivindican en la misiva al president de la Generalitat. En el caso del primer sector, los juntaires subrayan que es igual de necesaria la soberanía energética que la soberanía alimentaria, haciendo referencia a la protección de los espacios clasificados con Classe de Capacitat Agrològica l o II, y especialmente a la modificación del artículo 9.3b) del Decreto ley 16/2019, de 26 de noviembre, de medidas urgentes por la emergencia climática y el impulso a las energías renovables.