"¿Cuáles son los motivos que llevaron al Gobierno a no suscribir un nuevo acuerdo para asumir el 50% de los costes de traducción del BOE al catalán? ¿Tiene la intención este Gobierno de suscribir un nuevo convenio en los mismos términos que el suscrito por el Gobierno del Partido Popular con la Generalitat"? Estas son las cuestiones que Junts plantea después de conocerse la noticia que ha adelantado este miércoles El Nacional, que anuncia que el Boletín Oficial del Estado deja de publicar su traducción al catalán, activa desde 1998.
Una serie de cuestiones que ha formulado el diputado de Junts, Josep Pagès, que también se pregunta "si la riqueza cultural que supone la existencia de diferentes lenguas cooficiales tiene que ser promovida con la asunción de parte del coste de traducción del BOE en estas lenguas". La noticia también ha despertado a las críticas del presidente en el exilio Carles, Puigdemont o el exconseller, Josep Rull, que han denunciado a las redes esta "exclusión" del catalán en la publicación de este texto legislativo.
La crítica de Puigdemont
El presidente en el exilio, Carles Puigdemont, ha lamentado "la imposición de la lengua española excluyente el resto". Así lo ha denunciado en un tuit en su cuenta oficial de Twitter donde asegura que se trata de una "decisión política que contradice la misma Constitución".
"Este es un ejemplo más de la operación de limpieza lingüística diseñada por los supremacistas que mandan en España", asegura en su tuit, y añade: "O nos confrontamos, o nos limpian".
El exconseller, Josep Rull, también ha cargado contra esta nueva noticia, que ha adelantado El Nacional este miércoles, criticando la etiqueta de "Gobierno amigo" en un tuit en su cuenta oficial de Twitter. "No tienen traba", ha criticado.
23 años en catalán
En 1998 los textos del Boletín Oficial del Estado (BOE) empezaron a traducirse en catalán fruto del convenio de colaboración entre el Gobierno y la Generalitat de Catalunya a partir de la aplicación de un real decreto de 1997 donde se estipulaba la publicación de las leyes en las lenguas cooficiales.
En aquel punto, el coste de la traducción del castellano al catalán lo asumían conjuntamente el Boletín Oficial del Estado y la Generalitat, cada una de las partes pagaba un 50%. Con una vigencia de cinco años, se consideraba "tácitamente" prorrogado cada año, hasta que el año 2015, la normativa del régimen jurídico del sector público obligó a revisar este tipo de convenios. Eso provocó que en octubre del año pasado finalizara su vigencia. Entonces, se tenía que firmar un nuevo acuerdo para mantener el pacto entre las administraciones.
Hasta finales de mayo de este último año, la Generalitat asumió el coste total de la traducción cuando, a falta de un nuevo acuerdo, se dejó de publicar el suplemento en catalán.
Imagen principal: Consulta del BOE / E.N.