Junts ha registrado en el Congreso de los Diputados un total de 96 preguntas dirigidas al Gobierno español para exigir explicaciones por el dossier secreto elaborado por el Ministerio del Interior que clasifica ideológicamente a centenares de periodistas y comentaristas. Las diputadas Míriam Nogueras y Marta Madrenas quieren saber, sobre todo, quién ordenó confeccionar el documento y cuál fue el papel del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
La iniciativa llega después de que El Confidencial revelara la existencia del documento "Tertulianos. Radio y Televisión", un dossier de 54 páginas que contiene 281 fichas o fotografías correspondientes a 280 profesionales de los medios de comunicación. El documento incorpora valoraciones sobre sus posiciones políticas e ideológicas, con etiquetas como "apoya al gobierno", "alineado con posiciones de derechas", "reconocido antisanchista", "militante socialista", "extrema derecha", "desinformación", "es crítico con la amnistía" o "en contra de los independentismos".
Interior desvincula a Marlaska de su elaboración
Interior ha admitido la existencia y autenticidad del dossier, pero ha desvinculado a Marlaska de su elaboración. Según la versión del ministerio, el documento era "para consumo interno" y el ministro "ni lo ordenó, ni se le elevó, ni tiene por qué conocerlo". La nota de Junts señala, sin embargo, que la primera orden para elaborarlo se remontaría a finales de 2023 y que posteriormente se pidió recopilar fotografías de los profesionales y mantener el documento en secreto.
Precisamente por eso, Nogueras y Madrenas reclaman que el Gobierno español identifique a las personas que dieron la orden inicial, los responsables de su ejecución y todos los cargos del Ministerio del Interior que tuvieron conocimiento. También preguntan directamente si es cierto que Marlaska desconocía la existencia del dossier y qué responsables políticos y administrativos supervisaron su elaboración.
¿Interior utilizó datos policiales?
Una de las principales líneas de las preguntas de Junts es determinar si para elaborar las fichas se utilizaron recursos o información procedente de los cuerpos policiales. Las diputadas quieren saber si participaron miembros de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, si se consultaron bases de datos policiales o unidades de inteligencia y si la información recopilada se compartió posteriormente con otros organismos de seguridad.
El dosier incluye no solo a periodistas, sino también a directores de asociaciones profesionales y a profesionales que cubren habitualmente información relacionada con Interior y las fuerzas de seguridad. Entre los afectados se encuentra el director de El Confidencial y una decena de periodistas del mismo medio, algunos de los cuales habían investigado asuntos relacionados con presuntos casos de corrupción que afectaban al Gobierno de España. Junts también pone el foco en la presencia de políticos y expolíticos entre los documentos recopilados y pregunta por qué un dosier elaborado teóricamente para analizar a los tertulianos de los medios incluye este tipo de perfiles. La formación quiere saber, además, si existen otras listas o dosieres similares elaborados por Interior o por otros organismos del Estado.
El papel de la publicidad institucional
Las preguntas registradas en el Congreso también intentan aclarar si existe alguna conexión entre la clasificación ideológica de los periodistas y la política de comunicación y publicidad institucional del Ministerio del Interior. Junts pide información sobre los criterios utilizados para contratar publicidad en los medios y sobre si los profesionales incluidos en el dosier han tenido algún tipo de relación contractual o institucional con el ministerio. La formación pregunta igualmente por los contratos de seguimiento y monitoreo de medios. Según la documentación registrada, el Gobierno de España ha contratado durante esta legislatura varios servicios para detectar, monitorear y archivar menciones al presidente Pedro Sánchez, al ministro Félix Bolaños y a la Presidencia del Govern, con un coste conjunto de 179.168 euros en cinco contratos identificados.
Junts quiere saber si estos servicios de monitoreo tienen alguna relación con el dosier de periodistas y si los contratistas reciben instrucciones para clasificar a los profesionales según sus opiniones políticas. También pregunta si se han utilizado estos informes en la relación con los medios o en la distribución de publicidad institucional.
"Es crítico con la amnistía" y "en contra de los independentismos"
El caso toma una dimensión especialmente sensible para Junts por el contenido de las etiquetas usadas en el dosier. La formación pregunta expresamente al Gobierno de España si considera que clasificar a periodistas según opiniones como estar "en contra de los independentismos" o ser "crítico con la amnistía" implica tratar datos relativos a opiniones políticas.
Las diputadas también reclaman saber cuál es la base jurídica que permitiría a Interior recopilar, conservar y utilizar esta información. En este sentido, la batería de preguntas hace referencia a la normativa de protección de datos, al Reglamento General de Protección de Datos y a la legislación española sobre protección de datos personales. Junts quiere saber, además, si los periodistas afectados fueron informados de la existencia del dosier, cuánto tiempo se ha conservado, quién ha tenido acceso y si Interior prevé destruirlo o bloquear su uso. También pregunta si la Agencia Española de Protección de Datos u otros organismos han sido informados del caso.
Junts reclama responsabilidades
La formación independentista considera que el dosier plantea cuestiones graves sobre la libertad de prensa, la protección de datos y el uso de recursos públicos. Por ello reclama que el Gobierno español explique no solo cómo se elaboró el documento, sino también qué finalidad concreta tuvo y qué decisiones se tomaron a partir de la información recopilada.
Entre las 96 preguntas, Junts también pide si Marlaska comparecerá en el Congreso para dar explicaciones, si el Gobierno comparte las críticas de las asociaciones de periodistas y si asumirá algún tipo de responsabilidad política. La batería se cierra preguntando si el Ejecutivo español piensa pedir disculpas públicamente por los hechos y si considera necesarias modificaciones legislativas para evitar que se repitan.