Junts per Barcelona ha denunciado al gobierno de Jaume Collboni ante la Junta Electoral de Zona de Barcelona por una posible vulneración de la normativa electoral a raíz de la jornada de puertas abiertas del Centre Esportiu Municipal (CEM) la Sagrera, celebrada el pasado viernes, 9 de octubre. JuntsXBCN ha explicado que el Ayuntamiento había enviado, el 5 de octubre, una invitación institucional para la inauguración del equipamiento, prevista para el día 9 a las 18:00 horas, pero que al día siguiente comunicó su suspensión "por las limitaciones del periodo electoral". Según Junts, finalmente el equipamiento se acabó abriendo a la ciudadanía mediante unas puertas abiertas en las que participaron el alcalde, Jaume Collboni, y la concejala de Sant Andreu Marta Villanueva.
En este contexto, Junts ha considerado que existen "indicios fundados de que la suspensión anunciada no comportó la cancelación real del acto inaugural, sino únicamente la modificación de su denominación y su formato, manteniendo sus elementos sustanciales". El presidente del grupo municipal de Junts per Barcelona, Jordi Martí, ha criticado la actuación del gobierno municipal y ha afirmado que "lo que ha pasado en el Centre Esportiu Municipal la Sagrera es un ejemplo paradigmático de cómo el gobierno Collboni intenta burlar la ley". Martí ha considerado que esta manera de actuar por parte del gobierno municipal, "no es aceptable".
Así, ha enmarcado este episodio en un patrón de conducta que, a su parecer, ha caracterizado todo el mandato del gobierno socialista: "El gobierno Collboni lleva tres años y medio utilizando el dinero de todos los barceloneses y barcelonesas para hacer propaganda del PSC", ha valorado Martí que ha recordado la campaña 'Fem la Barcelona de la teva vida', "que el CAC ordenó retirar por ilegal y que costó 1,09 millones de euros a los contribuyentes" o la campaña 'Poca Vergonya', que, desde su punto de vista estuvo "rodeada de polémica por un posible plagio de fotografías que el gobierno se negó a investigar".
Por todo ello, Junts ha pedido a la Junta Electoral que determine si los hechos constituyen una vulneración de los artículos 50.2 y 50.3 de la LOREG y que, si se confirma que no se han respetado el principio de neutralidad institucional y la normativa electoral vigente, se adopten las medidas legalmente procedentes y se depuren las responsabilidades correspondientes. El partido ha anunciado que mantendrá una "vigilancia permanente" sobre la actuación del gobierno barcelonés durante todo el periodo electoral.