El líder de ERC, Oriol Junqueras, junto con los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa y seis excargos del Govern de Carles Puigdemont acusan al Tribunal de Cuentas (TCu) de hacer una "interpretación incorrecta" de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y le reclaman que les aplique la ley de amnistía, tal como este órgano europeo validó. Así lo exigen en el escrito de impugnación contra la resolución de la consejera que lleva el caso por el gasto del 1-O y de la promoción de Catalunya en el exterior, y que ahora ha abierto un plazo de diez días para que las acusaciones prueben si se gastaron fondos europeos. Los abogados de los republicanos han presentado la reclamación, a la que ha tenido acceso ElNacional.cat este jueves, posicionamiento que comparten con el Ministerio Fiscal.
La Fiscalía ya ha exigido al Tribunal de Cuentas que no puede hacer un nuevo procedimiento porque en la investigación a los independentistas ya quedó claro que con el 1-O no se afectaron fondos financieros de la UE, que es la exclusión para no amnistiar, tal como marca la norma del olvido penal. El abogado de Puigdemont y de los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, Gonzalo Boye, también pidió a la consejera Elena Hernáez que cierre esta causa de responsabilidad contable, cifrada en unos 5 millones de euros, y ha denunciado su incumplimiento de la resolución del TJUE a la Comisión Europea.
Excargos afectados
La causa del Tribunal de Cuentas nace del encargo que le hizo el Tribunal Supremo por si se tenía que resarcir la Generalitat del gasto del 1-O, referéndum por el cual condenó una parte de los miembros del Govern de Puigdemont por sedición y malversación de fondos. Después, la Fiscalía añadió más gastos por la promoción de Catalunya al exterior del 2011 al 2017, con el president Artur Mas demandado y miembros de su Govern, como también delegados de la Generalitat en diferentes países. En la actual reclamación de los republicanos también están: Aleix Villatoro, exsecretario general de Asuntos Exteriores; Josep Ginesta, exsecretario general de Trabajo, además de los exdelegados Ewa Adla Cylwilk, Marie Katinka, Sergi Marcén, y Erki Hauck.
Vulneración "flagrante" del derecho de la Unión
En el recurso, los republicanos exponen que la sentencia del TJUE hace referencia a las preguntas prejudiciales que le hizo el Tribunal de Cuentas sobre si la ley de amnistía vulneraba el derecho de la Unión y, por lo tanto, su aplicación es "vinculante". También insiste en que la respuesta del Tribunal de Luxemburgo lo hace "constatando que previamente no existen fondos de la UE afectados". Además, añade que si durante la investigación el Supremo o el mismo Tribunal de Cuentas lo hubiera descubierto, tendría que haber alertado a la Fiscalía europea o al Tribunal de Cuentas europeo y no lo hicieron porque no había.
Por eso, Junqueras y su equipo aseguran que la acción de la consejera del Tribunal de Cuentas de abrir un plazo de alegaciones es "flagrantemente contraria e incompatible con la sentencia y el derecho de la Unión", y provoca que no se pueda hacer una "aplicación útil" de la misma. Y ante las "vulneraciones" de derechos y normativas, los republicanos piden a la consejera que revoque su resolución y les aplique la ley de amnistía sin más demora, tal como fija el TJUE, que además considera legal que se archiven los casos sin practicar más diligencias.