A menos de tres días para la sesión constitutiva de la Eurocámara, expertos en derecho europeo analizan qué podría pasar si las defensas de los eurodiputados electos Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Toni Comín recurren al Tribunal General y al de Justicia de la UE, en Luxemburgo, tal como ya han anunciado. Consultados por la ACN, varios expertos coinciden en el hecho de que, aunque no hay precedentes, está "claro" que el caso tiene una dimensión jurídica europea.

Miguel Troncoso, abogado de Gómez-Acebo & Pombo en Bruselas, vaticina que cuando se abra la vía de Luxemburgo "la cuestión será si el derecho de sufragio pasivo está por encima de los requisitos formales que puede imponer España a la hora de acreditar como parlamentario a un electo". El profesor de derecho de la Universidad de Nijmegen Henri de Waele cree que el fondo de la cuestión será resolver el "conflicto entre la legislación europea y la nacional".

Si finalmente los magistrados europeos se sientan a evaluar el caso, Waele dice que será "una situación nueva e intrigante, pero también una prueba para el derecho europeo", porque las tensiones dentro de un estado pueden tener consecuencias para la legislación europea" mientras que Troncoso está convencido de que el caso es "inédito".

Henri de Waele remarca que los magistrados de Luxemburgo no viven en una burbuja y son conscientes del asunto catalán y que un caso como este puede tener "consecuencias" políticas. "El tribunal tendrá que ser muy cuidadoso porque el dossier catalán es muy sensible y tendrán que equilibrar los intereses en juego", alerta. El profesor de derecho insiste en que el contexto político es "muy importante" porque los jueces saben que en función de su decisión podrían impulsar el movimiento secesionista catalán.

Vías de recurso en Luxemburgo

Los caminos para llegar a Luxemburgo, según explican Troncoso y Waele, son principalmente dos: la vía indirecta y la directa. La primera implica exigir a los tribunales españoles que consulten al TJUE a través de una cuestión prejudicial mientras que la segunda es una queja presentada directamente por el afectado a esta instancia judicial contra la Eurocámara por no proteger sus derechos.

Waele augura pocos éxitos por el camino directo y defiende que la vía indirecta a través de un tribunal español "probablemente sea la única opción" para Junqueras, Puigdemont y Comín de llegar a Luxemburgo.

La cuestión prejudicial de Junqueras

A la espera de que el Supremo resuelva sobre la petición de los abogados de Junqueras, Miguel Troncoso dice que un tribunal nacional no tiene la obligación de plantear una cuestión prejudicial "excepto en el caso de que se trate de un tribunal en última instancia". "Por lo tanto, el Supremo si quiere puede no plantear la cuestión, pero el Constitucional sí que tendría la obligación", explica, si se presenta un recurso de amparo al TC.

junqueras puigdemont GTRES

Foto: GTRES

Waele cree que sería un "escándalo" que el tribunal nacional no lo hiciera mientras que Troncoso apunta que cuando no hay una jurisprudencia establecida "lo que es prudente es que se plantee la cuestión al TJUE". "Y es habitual que se haga", dice.

Sobre las posibilidades que la justicia europea se moje si el Supremo le pasa la pelota, Waele dice que en situaciones "sensibles" en que el tribunal no quiere pronunciarse, a veces se buscan "rendijas" para declararlo inadmisible. "Podría pasar en este caso", apunta.

Troncoso, sin embargo, afirma que lo que examina el tribunal es "la pertenencia de la pregunta" y si el tribunal nacional demuestra al TJUE que su respuesta le es "útil" para decidir cómo aplicar la ley, Luxemburgo contestará. Además, añade, incluso puede ser que el tribunal reformule la pregunta o la complete, "aportando aclaraciones adicionales". "Así que lo más probable es que Luxemburgo conteste a la cuestión prejudicial y emita su sentencia", concluye.

Puigdemont y un posible recurso directo

La estrategia legal de los abogados de Puigdemont y Comín sigue siendo una incógnita, pero Troncoso explica que hoy por hoy la vía que se abre es la de un recurso directo de anulación, que lo que hace es anular una decisión. En este caso, dice, los eurodiputados electos de Lliues per Europa podrían considerar que la negativa del Parlamento Europeo de acreditarlos como parlamentarios "es nula porque es lesiva para sus derechos".

"Si el presidente Tajani ha respondido y considerado [previo requerimiento de Puigdemont] cómo tiene que actuar el Parlamento Europeo, se abre la vía del recurso de anulación", dice. "Se tiene que ver si esta decisión de Tajani es una decisión formal que priva de derechos a Puigdemont y se puede considerar como tal. Si es así, podría recorrer", asegura. En este caso, sin embargo, sí que hay un filtro previo de admisibilidad: que es ver si hay una decisión (del PE) y si esta es o no lesiva de derechos.

Antonio Tajani - EFE

Foto: EFE

Otra vía que el abogado no descarta es la de la omisión, es decir, cuando se recurre porque se considera que una institución comunitaria ―el Parlamento― tendría que haber hecho algo que no ha hecho, que sería "aplicar bien" el derecho europeo. Así, Luxemburgo podría forzar al Parlamento a actuar para paliar la omisión. "La dificultad de esta vía es que la omisión tiene que derivarse de una obligación legal de actuación", que tiene que acreditarse en el reglamento o a los tratados.

También Waele señala que hay que "probar" la obligación de la institución y apunta que negarles el escaño de eurodiputado ya implica, de alguna forma, actuar.

Procesalmente, matiza Troncoso, "el recurso por omisión viene precedido de un requerimiento previo del propio interesado en la institución", cosa que Puigdemont y Comín ya habrían hecho en los últimos días, obteniendo respuesta de Tajani este mismo viernes.

Plazos y cautelares

Fuentes del TJUE han indicado a la ACN que ven difícil resolver ninguna eventual cuestión prejudicial o recurso en pocas semanas, ya que una cuestión prejudicial "clásica" tarda por término medio 16 meses mientras que las de "urgencia" pueden responderse al cabo de 2 a 4 meses del registro de la pregunta.

La opción más rápida, mediante un procedimiento "acelerado", podría tardar menos en llegar. En cualquier caso, explica el abogado de Gómez-Acebo, en paralelo a la presentación de un recurso se puede presentar también una solicitud de medidas cautelares, que podría ser una suspensión de la negativa del Parlamento a admitirlos como eurodiputados.

Si se llega a las cautelares Luxemburgo consultaría primero a los letrados del Parlamento Europeo pero "técnicamente es perfectamente posible la petición de cautelares".

La previsión es que el Supremo comunique a principios de semana si consulta o no el TJUE mientras que la defensa de Puigdemont asegura que los próximos pasos a hacer serán comunicados "pronto".

Voces "preocupadas" ante un "escándalo político"

En los últimos días varias voces internacionales se han quejado ante la imposibilidad de los tres electos catalanes de ocupar sus escaños. El eurodiputado liberal portugués Antonio Marinho e Pinto afirma en declaraciones en la ACN que es "un gran escándalo político" en el Parlamento Europeo y una "gran mancha en la UE" que los tres independentistas no se puedan sentar en el hemiciclo. "Han sido escogidos por sus pueblos, no será una cámara democrática" de forma verdadera, lamenta Marinho e Pinto, que critica la situación "represiva" en el Estado, recordando a los presos.

A su vez, la italiana Eleonora Forenza (GUE) explica que estará en la manifestación en Estrasburgo del día 2 porque es "un deber" y una "batalla" por la "idea de una Europa democrática sin la represión que está sufriendo Catalunya". "Es un deber de Tajani garantizar que quien ha sido escogido eurodiputado pueda ejercer [...] Realmente pienso que la batalla para Catalunya es una batalla para toda Europa", concluye.

En una línea similar, Barbara Spinelli, independiente del GUE, explica que está "preocupada" ante el "conflicto" entre las leyes españolas y las europeas. La hija de Altiero Spinelli, uno de los padres fundadores de la UE, dice que el caso "tiene una dimensión europea", contrariamente a lo que dice el Parlamento Europeo. "Más de dos millones de personas es alguna cosa y han sido completamente abandonados", añade avisando que se puede convertir en un "peligroso precedente".

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