Se termina definitivamente la comedia que pretendía hacernos creer, al menos remotamente, en la posibilidad de un juicio justo. En un juicio idealizado que terminara felizmente con la absolución de todos los acusados ​​o que, como máximo, les impusiera penas de pocos años de prisión. Ayer, mientras oía el testimonio de la secretaria del juzgado número 13 de Barcelona, ​​el testimonio que aseguraba, bajo juramento, que la interrogada oyó “el murmullo típico de un tumulto”, mi capacidad de contener la risa estalló. Efectivamente, el juicio hace días que se ha terminado y ahora la farsa ya no da más de sí, ya ha degenerado en la representación más grotesca posible. Después de haber visto como mentía un presidente del Gobierno de España sobre unas supuestas armas de destrucción masiva, después de los engaños sobre la financiación de los principales partidos políticos españoles, sobre los ERE de Andalucía, después de haber conocido a un director general de la Guardia Civil como Luis Roldán, la importancia de todas las mentiras absurdas del juicio resulta ínfima. La causa de los presos políticos está perdida sin remedio y lo sabe todo el mundo que conozca, un poco, lo que es el aparato represor de un Estado colonial que cuenta con el monopolio de la violencia. Y con la contundente intromisión que hizo el rey Felipe VI hace pocas semanas y lo que esto significa, desde un punto de vista fáctico. Los partidarios de España pueden decir exactamente lo que quieran, e ilimitadamente, desprovistos del miedo al ridículo porque la sacrosanta unidad de la patria está por encima de toda lógica, de todo pudor. Ayer se confirmaron las más funestas advertencias que había puesto de relieve Gonzalo Boye en su imprescindible artículo publicado en El Nacional hace pocos días. Tiene toda la razón cuando dice que los abogados no están haciendo su trabajo. Que no existe una estrategia procesal conjunta aunque Quico Homs haga ver que trabaja. Los abogados, tiene mucha gracia la cosa, se promocionan profesionalmente ante las cámaras de televisión como si estuviéramos en la Teletienda. Después de este juicio todos podrán aumentar sustancialmente las tarifas, aunque pierdan. Porque perderán seguro. Se pavonean mucho pero, a la hora de la verdad, no centran su actividad en defender la legalidad de los sucesos que culminan en el Primero de octubre. Tampoco en la defensa a ultranza de los derechos civiles, políticos y fundamentales violados por el juez Marchena. Los abogados hacen ver que quieren convencer a unos jueces que ya vienen convencidos de casa. Ya no es que el abogado de Santi Vila vaya a lo suyo. O que el letrado de Carles Mundó sólo se interese por el señor Mundó y su circunstancia. O que la abogada Olga Arderiu intervenga periódicamente para recordar que Carmen Forcadell no participó en la mayor parte de los acontecimientos que recrimina la acusación. Ahora ya es un sálvese quien pueda muy desvergonzado. Es el sálvese quien pueda diario, los abogados gritan unánimemente “mi cliente, primero, y a los demás que les den”. El barco se hunde y los roedores se comportan como roedores. Qué espectáculo tan poco edificante, tan triste, para la sociedad catalana en su conjunto.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo sólo revisará esta farsa judicial, exclusivamente, si los defensores de los acusados, previamente, —ahora y en Madrid—, reclaman y prueban que los derechos de los presos políticos no son respetados por el tribunal. Estrasburgo puede interpretar que el juicio se ha desarrollado correctamente de acuerdo con la legalidad interna española si, como parece, a los abogados defensores ya les parece bien que el juez Marchena y sus compañeros hagan lo que quieran. Tanta genuflexión y tanto servilismo no sirve para nada bueno. Si implícitamente, ahora, permiten que los derechos de los presos políticos sean pisados ​​después no vendrá el tribunal europeo a hacer un trabajo que se tenía que haber hecho previamente. Gonzalo Boye es taxativo sobre un aspecto fundamental, importantísimo. El recurso ante el TEDH no tendrá futuro si se aceptan tratos espurios, apaños, si se aceptan regalos envenenados. Si se hace comercio con la traición de los unos sobre los otros.

Es escandaloso que, mientras los exiliados políticos de ERC y de Junts per Catalunya mantienen una unidad de acción política, los presos políticos de las celdas españolas, mal asesorados por unos gabinetes legales que cuestan una fortuna, estén promoviendo este triste espectáculo, indigno de un Gobierno de la Generalitat. Se está jugando maliciosamente, irresponsablemente, con el pánico de los acusados ​​y se está abortando la posibilidad de que el TEDH pueda actuar en el futuro. Los presos políticos no son ni malhechores ni criminales comunes. Lo pensé ayer, mientras recuperaba, por casualidad, una entrevista a Javier/Xavier Melero, abogado del consejero Joaquim Forn, ex miembro de Ciudadanos y boxeador aficionado, concretamente del 23 de julio del año pasado en Vilaweb. Es una de las lecturas más oportunistas y mercenarias que nunca he realizado. Melero pasa por ser un gran profesional que presume de dúctil. Tan pronto puede defender, dice, a Oriol Pujol como a Joaquim Forn. La comparación es innecesaria y lesiva para los intereses de su representado que es un prisionero político y no un corrupto. Por si fuera poco, el letrado discrepa ya, en este escrito, del consejo de Boye y se declara abierto a pactar con la fiscalía: “Creo que la obligación del abogado es tener todos los puentes abiertos. Con todo el mundo. Conocer todas las posibilidades y ofrecerlas al cliente, que es quien toma la decisión final.” La decisión final, en un juicio político, no es verdad que la tome una persona privada de libertad, condenada al alejamiento de su familia y de sus amigos. Sometida a la tortura, al pánico emocional de una existencia en cautiverio. En horas bajas, los abogados y los médicos mandan sobre sus clientes mucho más de lo que están dispuestos a admitir en público. Cuanto más desunidos y individualizados se presenten los presos políticos ante el tribunal, cuanto más orientados al mercadeo desesperado, más fácilmente serán destruidos por la venganza ciega del Estado. Tanto es que mande Pedro Sánchez o Pablo Casado, el coronel Pérez de los Cobos siempre estará. Y actuará.