El consejo ejecutivo de Córcega y su asamblea se han desmarcado de la línea oficial francesa de apoyo al Gobierno español, y han expresado su solidaridad con los presos políticos catalanes, juzgados ahora en el Tribunal Supremo.

El presidente corso, Gilles Simeoni, ha intervenido ante la asamblea de la isla, y ha pedido no aceptar que ciudadanos electos "a pocos centenares de kilómetros de aquí" sean juzgados con amenaza de graves penas. Ha insistido en que eso es parte de una "estratagema y un subterfugio político" para buscar penas de prisión.

"Si aceptamos que estas personas, sólo porque han defendido de forma pacífica, a través de un referéndum, que el pueblo se pueda expresar, sean perseguidos renunciamos en lo que es constitutivo de la democracia y del ideal europeo. No lo podemos aceptar", ha añadido.

Simeoni ha precisado que no es independentista catalán ni independentista corso, sino que está por la autonomía de la isla, pero que se tiene que pronunciar a favor de los catalanes "que tienen el riesgo de ser condenados por haber defendido con formas democráticas y pacíficas el derecho a la autodeterminación".

El presidente corso se ha acabado poniendo un lazo amarillo en su camisa.

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