La Audiencia Nacional acoge desde este lunes el juicio por la presunta financiación ilegal de las campañas electorales del PP valenciano en las elecciones autonómicas y municipales del 2007 y generales del 2008, con Francisco Camps como candidato y presidente del partido. En el banquillo hay 20 acusados, con parte de la cúpula del partido en aquella época y los empresarios acusados de financiar el PP valenciano de manera irregular.
La Fiscalía pide 7 años y nueve meses para el exvicepresidente de la Generalitat Valenciana, Vicente Rambla, así como para el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa, el exvicesecretario general David Serra y la exgerente, Cristina Ibáñez. Están acusados de tres delitos electorales, uno por cada campaña, y de un delito de falsedad documental.
Las principales acusaciones, empero, son para los considerados dirigentes de las empresas de la trama Gürtel: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes. Para ellos, la Fiscalía solicita 24 años y medio, y 27 años para Álvaro Pérez. A los delitos electorales y al de falsedad documental la Fiscalía añade en estos casos los delitos contra la Hacienda Pública.
Los empresarios admiten financiación irregular
Nueve de los empresarios acusados han admitido al juez su participación en la financiación irregular del PP valenciano a cambio de atenuar sus condenas. Se trata de los empresarios Antonio y Alejandro Ponsa, de la empresa Piaf, Enrique Gimeno (FACSA), Gabriel Batalla (Lubasa), Rafael Martínez y Tomás Martínez (Pavimentos Suroeste y CHN Obras), José Francisco Bevià, Enrique Ortíz y Vicente Cotino (Sedesa). Todos están acusados de falsedad documental. Con la confesión podrían reducir la condena a penas inferiores a dos años y evitar la entrada en prisión.
Asimismo, el considerado jefe de la Gürtel, Francisco Correa, ha remitido un escrito este pasado miércoles admitiendo que los hechos que describe la Fiscalía Anticorrupción en la acusación son ciertos y que el PP valenciano le habría abonado algunos servicios con pagos en negro y facturas ficticias. En el escrito, señala que la empresa Orange Market, filial valenciana de la Gürtel, se creó "porque dejamos de trabajar para el PP en la sede de Génova de Madrid". Correa indica que Álvaro Pérez, El Bigotes, se puso en contacto con el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, "quien le propuso organizar eventos con el PP de Valencia".
"Es cierto que el pago de los servicios profesionales que se prestaron al PP de Valencia en campañas electorales y otros acontecimientos se abonaron a Orange Market de tres maneras: mediante facturas correctas, con pagos en 'B' y mediante la creación de facturas ficticias que se giraron a diferentes empresarios por trabajos no realizados", reconoce el jefe de la Gürtel en su escrito.
Camps, Bárcenas y Cotino, entre los testimonios
El juicio arranca este lunes con las cuestiones previas y se prevé que el jueves 18 de enero empiecen las primeras declaraciones de testigos con la de José Luis Peñas, el concejal de Majadahonda por el PP que destapó el 'caso Gürtel' a través de sus grabaciones. A lo largo del juicio, también comparecerán en la Audiencia Nacional como testigos el extesorero del PP Luis Bárcenas (13 de febrero) y el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps así como el expresidente de las Corts Valencianes y exdirector de la policía española Juan Cotino (ambos el 7 de marzo).
Tercera pieza del Gürtel valenciano
El juicio por la financiación irregular es la tercera de las piezas separadas del Gürtel valenciano que llega al juzgado. La primera fue la conocida como caso de los trajes, juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, entre diciembre del 2011 y enero del 2012. Un jurado popular absolvió al expresidente Camps y el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa, al no considerar probado que recibieron regalos a cambio de favores políticos.
Entre el 2015 y el 2016, con varios aplazamientos, el TSJ valenciano acogió el juicio por el llamado caso Fitur, que juzgaba las irregularidades en la organización del pabellón de la Generalitat Valenciana en la feria de turismo entre el 2005 y el 2009. La sentencia condenó a la exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez a 9 años de prisión, 13 años para Francisco Correa y Pablo Crespo así como 12 años para Álvaro Pérez, entre otros. El TSJ absolvió a la otra exconsellera investigada, Angélica Such, mientras que Milagrosa Martínez pudo evitar el ingreso en prisión con el pago de una fianza de 15.000 euros.