En el juicio por rebelión en el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, él es el más conocido, pero no estará solo. Lo acompañarán al banquillo de los acusados tres personas más: dos de sus inmediatos superiores políticos -el exdirector de los Mossos, Pere Soler, y lo que fue segundo en Interior, César Puig-, y una subordinada, la intendente Teresa Laplana. Ninguno ha sido a la prisión preventiva por|para estos hechos, aunque pesan sobre ellos medidas cautelares como la prohibición de salir de España.
Los juzgarán desde el 20 de enero hasta el 19 de marzo en la Audiencia Nacional por un delito de rebelión -salvo Laplana que lo será por sedición- por|para la actuación de los Mossos al asedio en la Conselleria de Economía en Barcelona el 20 de septiembre de 2017 y en el referéndum del 1-O.
Según el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, entre septiembre y octubre de 2017 los acusados "constituyeron una pieza clave por, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, impedir o dificultar gravemente el cumplimiento de las órdenes emanadas por los Tribunales de Justicia con la finalidad de llevar a cabo el plan secesionista".
El escrito dice que cobró especial relevancia el papel ejercido por los Mossos d'Esquadra, "imprescindible para proteger las acciones dirigidas a la celebración del referéndum, dedicándose a funciones impropias de un cuerpo policial como fue la realización de seguimientos en otros cuerpos policiales, entorpecer su tarea y en algunos casos, incluso, oponerse físicamente".
El mantenimiento del delito de rebelión por parte de Ministerio Público ha sido controvertido en haber-lo ya descartado el Tribunal Supremo en la sentencia del procés, que estableció que los mencionados hechos habían enmarcarse en un delito de sedición y no de rebelión. Con este argumento, la defensa Trapero, que ejerce la abogada Olga Tubau, planteó en la Audiencia Nacional que la causa se trasladara a los tribunales catalanes si finalmente la Fiscalía rebajaba su calificación a sedición.
La Fiscalía respondió que no tenía previsto "en este momento procesal" modificar su acusación y defendió que se mantuviera la causa en la Audiencia Nacional, que finalmente volvió a ratificar su competencia para juzgar Trapero.
Josep Lluís Trapero
El mayor de los Mossos d'Esquadra se enfrenta a 11 años de prisión por rebelión.
Nombrado mayor de los Mossos el 17 de abril de 2017, cargo del cual cesó a octubre de este año en aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Lo procesaron primero por dos delitos de sedición y uno de pertenencia a organización criminal por haber consentido la celebración del 1-O y no haber frenado el asedio en la Conselleria de Economía, pero la Fiscalía optó por acusarlo de uno solo de rebelión, de acuerdo con aquello solicitado al Tribunal Supremo para los exmiembros de gobierno catalán.
Durante la instrucción, acudió a declarar en tres ocasiones, la primera de ellas vistiendo su uniforme policial. Aunque su juicio en la Audiencia Nacional estaba pendiente, aceptó testificar en el del procés y ha revelado que se ofreció para detener Puigdemont y los consellers después de la declaración de independencia y que instó en dos ocasiones a la Generalitat a cumplir la legalidad, porque la policía autonómica no rompería con la Constitución.
Según la Fiscalía, "con el conocimiento y aquiescencia de los otros dos acusados, como máximo responsable de los Mossos d'Esquadra, diseñó de manera deliberada unos mecanismos de actuación" para impedir que los agentes bajo su mando puedan cumplir "con las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya".
También se le acusa de una "utilización ilícita" de su cargo en beneficio de políticos independentistas como la expresidenta de Parlamento Carme Forcadell.
Además, por su relación con los políticos independentistas, el responsable de los Mossos d'Esquadra utilizaba su máxima autoridad para informar de las investigaciones policiales y judiciales que se estaban realizando.
César Puig
Fue secretario general de interior y está acusado a 11 años de prisión por rebelión.
La Fiscalía lo acusa de alertar de la actuación de los otros cuerpos policiales y facilitar información a los impulsores del procés. Según el escrito de acusación, el 19 de septiembre de 2017 envió una serie de correos a una dirección utilizada por el exsecretario de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda catalán, Josep Maria Jové Lladó, en los cuales informaba de la actuación que la Guardia Civil estaba realizando en Terrassa (Vallès Occidental) en la empresa Unipost.
Pere Soler
Era el director general de la policía y se enfrenta a 11 años de prisión por rebelión.
Exdirector de los Mossos d'Esquadra, nombrado el día 31 de julio de 2017. Arran de su nombramiento realizó una serie de manifestaciones públicas como la Constitución no los obliga.
"Le correspondía ejercer el mando, dirección e inspección del cuerpo de Mossos bajo la dirección y supervisión del secretario general y de Conseller de Departamento de Interior", indica la Fiscalía.
Se lo acusa de dar "cobertura y protección a las personas implicadas en la organización del referéndum", en concreto a Francesc Sutrias, detenido por su participación en la adquisición, presuntamente con dinero público, de material necesario para el referéndum, y a quien habría prometido medidas de contravigilancia.
Teresa Laplana
Teresa Laplana es intendente de los Mossos d'Esquadra y la jefa del dispositivo del 20-S4 años de prisión por sedición.
Intendente de los Mossos d'Esquadra y responsable del operativo de seguridad en el edificio de la Secretaría General de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda en Barcelona durante el registro judicial del 20 de septiembre de 2017.
Según la Fiscalía, "negó reiteradamente e intencionadamente la prestación del auxilio que se le reclamaba, guiada del propósito último que animaba sus acciones, que no era otro que frustrar la actuación de la Comisión Judicial".