Artur Mas, Joana Ortega y Irene Rigau irán a juicio por el 9-N del 6 al 10 de febrero del 2017. Hace sólo unos minutos el presidente del TSJC y ponente en esta causa, Jesús Maria Barrientos, les han notificado la fecha en que se tendrán que sentar en el banquillo de los acusados en una providencia.
Serán cinco días de juicio, en la Sala Civil y Penal del TSJC. Se está valorando, adaptar la sala polivalente del Palau de Justícia para que se pueda seguir el juicio y quepa más público, ya que la Sala Civil y Penal tiene unas dimensiones reducidas.
Falta un magistrado en el tribunal para juzgar el caso, pero el letrado ha acordado aplicar el artículo 199.1 de la LOPJ con el fin de cubrir la vacante en el tribunal que tendrá que formar el juicio.
Mas Ortega y Rigau están acusado de haber desobedecido intencionadamente el TC e intentar hacer creer que habían dejado la organización de la consulta del 9-N en manos de voluntarios: "Generar la apariencia de que las actuaciones administrativas públicas se paralizaban y el proceso quedaba exclusivamente en manos de ciudadanos voluntarios, cuando en realidad no era así", dice el escrito de acusación. Y asegura que "los acusados eran plenamente conscientes de que con eso rompían el obligado acatamiento a las decisiones del Tribunal Constitucional".
El ministerio público reclama, además, a Mas una indemnización de 36.000 euros y a las conselleres de 30.000. En el cierre de la instrucción el juez ya retiró el delito de malversación de dinero público que pedía la Fiscalía y que era lo que comportaba la pena más alta, más grave y más ejemplificante: la prisión.
La inhabilitación en juego
La Fiscalía pide nueve años y medio de inhabilitación para el expresident de la Generalitat Artur Mas y ocho años y siete meses más para las exconselleres Irene Rigau y Joana Ortega, por prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) en la consulta soberanista del 9-N. El ministerio público considera Mas el autor de los hechos y Ortega y Rigau, cooperadoras necesarias.
La Fiscalía se cuida en salud y deja muy clara para qué ámbitos pide la inhabilitación: "Inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos sean de ámbito local, autonómico o estatal, así como para el ejercicio de funciones de gobierno tanto en el ámbito autonómico". Eso, sin embargo, lo tendrá que decidir el tribunal una vez se los haya juzgado y se dicte sentencia.
La acusación contra Mas
Artur Mas "conocía desde el mismo día 4 de noviembre la providencia del Tribunal Constitucional por la cual tenía que dejar sin efecto la convocatoria del 9-N y proceder a parar todos aquellos procedimientos en los diferentes Departamentos", dice el juez.
El magistrado mantiene la acusación contra el expresident de la Generalitat porque "consintió y no paralizó los diferentes procedimientos de contrataciones, algunos con carácter tan evidente como la preparación de un centro de prensa en Montjuïc, que según señala fue decisión de la Conselleria de Presidència, para informar públicamente de los resultados, la fabricación e instalación del software informático o la campaña institucional en los medios de comunicación" y porque con todo eso "comprometían recursos públicos de la Administración catalana".
La acusación contra Ortega
La vicepresidenta Joana Ortega "llevó a cabo toda una serie de actuaciones orientadas a preparar y celebrar la consulta del 9-N, en coordinación con el president de la Generalitat", dice al juez. "A instancias de su departamento se contrató un suplemento del seguro de accidentes para los voluntarios, la construcción de la página web se encarga al CTTI, a la vez que encarga la arquitectura informática necesaria para que la jornada del 9-N fuera operativa", añade el magistrado.
Destaca que fue Ortega que comunicó los resultados oficiales a pesar de "haber recibido una carta de la subdelegada del Gobierno en que se requería a la consellera que no llevara a cabo actuaciones contra la providencia del Tribunal Constitucional y haber indicado que a partir de la suspensión todo el proceso estaba en manos de los 42.000 voluntarios, se autogestionaba y no era posible suspender el proceso".
La acusación contra Rigau
La exconsellera de Ensenyament Irene Rigau "actuó de manera coordinada con los dos anteriores", dice el juez. Añade que "procuró mediante los jefes de los servicios territoriales que los directores de institutos los cedieran para la apertura como puntos de votación en la jornada del 9-N, a la vez que posibilitó que en ellos durante los días 7 y 8 de noviembre se instalaran los ordenadores, el software necesario y el material para poder proceder a la votación".
El juez asegura que ella también sabía "que existía la suspensión de la convocatoria del 9-N" y que al recibir la carta de advertencia de la subdelegada del Govern respondió que "la organización iba a cargo de voluntarios" y que el proceso se autogestionaba y "que entre los mismos voluntarios se resolvían las posibles incidencias que pudieran aparecer, y que ellos fueron a buscar los ordenadores en los almacenes y los devolvieron", cuando insiste el juez que la investigación "demuestra lo contrario".