Nuevo movimiento del juez que investiga el espionaje con Pegasus a Òmnium Cultural. El titular del juzgado de instrucción número 21 de Barcelona firmó el 29 de septiembre un suplicatorio dirigido al Consejo de Ministros para que el Gobierno español desclasifique la documentación sobre el presunto espionaje con Pegasus a tres miembros de Òmnium. La petición llega después de que la Audiencia de Barcelona ordenara el pasado mayo la reapertura del caso. El juez pide que se desclasifique toda la información de las actuaciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre los teléfonos móviles del exvicepresidente de la entidad Marcel Mauri, la responsable internacional y legal, Elena Jiménez, y la periodista Txell Bonet, compañera del expresidente Jordi Cuixart. Todos habrían sido espiados entre 2018 y 2020.
"A pesar de que hemos tenido que esperar a que la Audiencia de Barcelona obligara al juzgado a reabrir el caso, las evidencias de espionaje a Òmnium Cultural son tan flagrantes que el juez instructor solo puede empezar a abrir vías de investigación", ha considerado el presidente de la entidad, Xavier Antich. Òmnium Cultural, ha destacado, "continuará escalando la presión, tanto civil como judicial, en la búsqueda de responsabilidades para que un caso de espionaje estatal tan grave como el Catalangate no quede impune".
Òmnium denunció el espionaje a tres de sus miembros en abril de 2022, en lo que supuso la primera de las querellas criminales por presuntos espionajes con Pegasus. Se dirigía contra la empresa que elabora el software, NSO Group, y denunciaba la vulneración "masiva y grave" de derechos fundamentales, como el derecho al secreto de comunicaciones y a la intimidad. El pasado febrero el juez archivó la causa y la entidad recurrió contra la decisión. Òmnium denunció que la investigación judicial había sido "fragmentaria, lenta, revictimizadora e inefectiva" y sostenía que había aportado numerosas pruebas periciales informáticas que "acreditan la infección" de los móviles.
Reapertura del caso
La Audiencia de Barcelona ordenó reabrir el caso el pasado mayo al considerar que existen elementos que podrían "indicar una intervención externa no autorizada en los teléfonos móviles de los espiados, cuya autoría apuntaría al Centro Nacional de Inteligencia (CNI)". De esta manera, la Audiencia reclamaba al juez instructor que solicitara un suplicatorio al Consejo de Ministros para desclasificar toda la información de que el CNI disponga sobre la infección con el software Pegasus en los teléfonos de Mauri, Jiménez y Bonet. También ordenaba una comisión rogatoria a Israel por si se conserva información sobre el uso del software Pegasus respecto de las tres personas espiadas.
Según Amnistía Internacional, al menos 65 personas han sido espiadas con este software que la empresa israelí que lo fabrica solo vende a organismos gubernamentales. El presunto espionaje a Mauri, Jiménez y Bonet todavía no ha sido investigado "a pesar de las numerosas pruebas periciales informáticas" aportadas por la entidad.