El pasado 16 de octubre, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart pasaban la primera noche en Soto del Real. Acusados de sedición por las manifestaciones del 20 de septiembre por los registros de la Guardia Civil, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela decidía enviar a los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural a la cárcel. Fueron los primeros presos políticos independentistas encerrados por el procés. Y todavía hoy siguen ahí, privados de libertad de forma cautelar, por riesgo de "tumultos violentos".
Bajo el lema "somos gente de paz", sus sucesores al frente de las entidades soberanistas, Agustí Alcoberro (ANC) y Marcel Mauri (Òmnium), han hecho un llamamiento a manifestarse pacíficamente este martes ante los ayuntamientos de todo el país para reclamar su salida en libertad. Unas manifestaciones pacíficas como las de aquel 20 de septiembre, cuando los Jordis subieron encima del coche de la Guardia Civil con un megáfono para pedir a los manifestantes que volvieran a casa.
Durante estos tres meses que hace que entraron a Soto del Real, ha llovido mucho. El 27 de octubre, el Parlament declaró la independencia, el president Carles Puigdemont y cuatro consellers se exiliaron en Bruselas y, el 2 de noviembre, el vicepresident y siete consellers entraron en la cárcel sin fianza. Santi Vila salió al día siguiente pagando 50.000 euros. El 4 de diciembre salieron en libertad provisional Meritxell Borràs, Dolors Bassa, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva y Carles Mundó, que pudieron hacer campaña. Sólo quedaron encerrados Oriol Junqueras y Joaquim Forn. Y Jordi Cuixart y Jordi Sànchez.
Desde Soto del Real y Estremera vieron pasar la campaña electoral del 21-D, elecciones convocadas por Rajoy con el 155. Tres de los cuatro presos eran miembros de listas electorales, empezando por Junqueras, cabeza de lista de ERC. Cuixart renunció para poder seguir encabezando Òmnium. Sànchez fue el número dos de la lista de Puigdemont y Forn el siete.
Pero el Tribunal Supremo no les permitió hacer campaña. Aunque el juez Pablo Llarena admitía que no concurrían en igualdad de condiciones al estar presos, le denegaba el permiso para hacer campaña porque "posibilitaría las situaciones de riesgo", como "el impulso de movilizaciones inmediatas" y los famosos "tumultos" que justificaron la acusación de sedición.
Llarena tampoco ha otorgado permiso a los tres diputados electos para asistir a los plenos del nuevo Parlament, empezando por el de constitución de la cámara este miércoles. No obstante, recuerda que "el mismo Reglamento del Parlament ofrece un instrumento": delegar el voto por "incapacidad legal prolongada". Les denegó la salida de prisión extraordinaria para las sesiones plenarias porque mantenían "funciones de representación" y por "la posibilidad de que su liderazgo volviera a manifestarse con movilizaciones ciudadanas colectivas violentas y enfrentadas al marco legal de nuestra convivencia".
Durante estos tres meses, los Jordis, Junqueras y Forn han acatado el marco constitucional español vigente y han prometido desarrollar su actividad política renunciando a la unilateralidad. Pero eso no ha servido para hacerles salir de la prisión cautelar. Sus únicas vías de contacto con el mundo exterior son las cartas y alguna visita ocasional.
EFE
La acusación crece
Cuando Jordi Sànchez y Jordi Cuixart entraron en la cárcel el 16 de octubre, lo hicieron acusados de sedición por los hechos del 20 de septiembre, cuando miles de personas se concentraron ante el Departament d'Economia donde se hacían los registros. Y la orden de prisión la dictó Carmen Lamela de la Audiencia Nacional.
Ahora, tres meses después, la acusación ya va más allá: rebelión, sedición y malversación. Y el caso está en manos del magistrado Pablo Llarena del Tribunal Supremo.
Han pedido hasta cuatro veces salir de la prisión utilizando diferentes recursos judiciales. Desde el primer recurso que recurre la orden hasta el escrito de apelación a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Han declarado dos veces: una en la Audiencia Nacional y otra en el Tribunal Supremo, la semana pasada. Y ahora, después de esta declaración, Jordi Sànchez ya ha pedido otra vez que se levante la medida cautelar para poder salir de la prisión. Jordi Cuixart todavía no lo ha hecho pero lo hará esta semana.
Un futuro imprevisible
Después de la declaración del jueves, los abogados se mostraban optimistas por una salida inminente de la prisión de los Jordis. Los dos acataron la Constitución, rechazaron la vía unilateral y en el caso de Sànchez, argumentó que si el nuevo gobierno optaba por ello, él renunciaría al escaño. Cuixart ni tan siquiera ha ido en listas y no tendrá ningún papel en el futuro Govern. Jordi Sànchez, además, ha entregado ya la documentación para ser diputado del Parlament y en uno de los escritos, acata por escrito la Constitución española.
Todo eso daba fuerza a los Jordis y buenas expectativas a las defensas, que justo al día siguiente de la declaración veían una sombra de duda cuando el Tribunal Supremo negó a Oriol Junqueras poder asistir al Parlament en los plenos de constitución de la Mesa e investidura. El mismo escrito del Supremo alertaba de que Sànchez tampoco podría asistir, y que tanto ellos como Forn, tendrían que hacer uso del voto delegado según el reglamento del Parlament.
Eso ha vuelto a echar agua al vino. Y a pesar de que Jordi Sànchez, en su escrito pidiendo salir de la prisión, insiste en los argumentos de su declaración y aporta la nueva prueba donde se le ve, no encima de un coche de la Guardia Civil, sino en el escenario que se instaló durante toda la tarde del 20 de septiembre en la Gran Vía para dar conciertos, parece que el resquicio que parecía haberse abierto cada vez es más estrecho y la posibilidad de que salgan en libertad provisional es bastante escasa. Pero en justicia, y en este caso todavía más, lo previsible se vuelve imprevisible.