La vivienda ha sido uno de los grandes ejes del debate de política general y ha vuelto a evidenciar las dificultades del Govern de Salvador Illa para encontrar una mayoría estable en el Parlament en torno a sus principales medidas. La propuesta estrella del presidente, destinada a facilitar la compra de vivienda a personas de más de 40 años mediante una adquisición compartida con la Generalitat, ha sido rechazada por el pleno, mientras que la cámara sí ha aprobado diversas iniciativas de la oposición y de los socios de investidura en materia fiscal, de protección ante los desahucios y de competencias.
La iniciativa de Illa, dotada con un fondo inicial de 100 millones de euros, preveía que la Generalitat pudiera adquirir una parte de una vivienda junto con particulares mayores de 40 años que dispongan de ingresos estables pero tengan dificultades para acceder a una hipoteca. El mecanismo se basa en diversas figuras previstas en el Código Civil de Catalunya que, según el Govern, hasta ahora no se habían utilizado con esta finalidad.
La abstención de los Comuns, clave
En el caso de personas de hasta 55 años, la Administración asumiría el 50% de la propiedad y el particular podría vivir en ella como propietario durante 50 años. A partir de los 56 años, la participación de la Generalitat sería del 60% y el periodo de uso como propietario se extendería durante 40 años. El sistema permitiría vender la vivienda o dejarla en herencia, mientras que la Generalitat tendría preferencia para recomprarla en caso de venta para mantenerla dentro del parque de vivienda protegida. La propuesta, sin embargo, solo ha recibido los votos favorables del PSC y ERC. Los Comuns se han abstenido, mientras que Junts, el PPC, Vox, la CUP y Aliança Catalana han votado en contra. Los Comuns han justificado su posición reclamando al Govern que cumpla antes los compromisos que ya tiene acordados en materia de vivienda, entre los que sitúan la unidad antidesahucios.
El resultado permite al Govern mantener su apuesta por esta fórmula, que Illa presentó como una vía "inédita" para facilitar el acceso a la propiedad, pero pone de manifiesto que no ha conseguido convertirla en una propuesta transversal de la cámara. De hecho, el Ejecutivo ya había optado por no someter a votación algunas de las otras medidas anunciadas por el presidente, como el nuevo fondo para adquirir viviendas en casos de desahucio o la ampliación de los préstamos para financiar la entrada del primer piso. Son medidas que el Govern prevé desplegar igualmente.
El Parlament reclama el traspaso integral de las competencias de vivienda
En paralelo, el pleno ha aprobado una propuesta de resolución de la CUP que reclama al gobierno español el traspaso integral de las competencias en materia de vivienda a Catalunya. La iniciativa ha salido adelante con la oposición únicamente del PP y Vox. La votación sitúa sobre la mesa una de las reivindicaciones recurrentes del independentismo en materia de vivienda: que la Generalitat disponga de todas las herramientas necesarias para desplegar una política propia en un ámbito que ha sido uno de los principales frentes de conflicto político entre Catalunya y el Estado.
La cámara también ha aprobado otras medidas relacionadas con la fiscalidad y el acceso a la vivienda. A propuesta de ERC, el Parlament ha reclamado al Congreso una rebaja del IVA para la compra de la primera vivienda nueva destinada a residencia habitual y permanente. También ha aprobado modificar la normativa de las haciendas locales para que los ayuntamientos puedan gravar más las viviendas de uso turístico y las segundas residencias en zonas de mercado tensionado. ERC también ha conseguido que prospere una propuesta para reformar el régimen fiscal de las SOCIMI y condicionar sus beneficios fiscales a una aportación efectiva de vivienda de alquiler asequible, habitual y permanente, con la exclusión de los usos turísticos.
Junts plantea una rebaja del ITP que el Parlament rechaza
La fiscalidad ha sido otro de los puntos de discrepancia. Junts ha defendido una propuesta de resolución para reducir el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) en la adquisición de la primera vivienda habitual, pero la iniciativa no ha salido adelante. La propuesta planteaba situar el tipo en el 3% para la vivienda habitual en el caso de los menores de 40 años, las familias numerosas y las familias monoparentales, con un límite de renta de 83.500 euros en el caso de una persona y de 86.000 euros si se trata de dos personas. En los municipios rurales con riesgo de despoblación, el tipo propuesto era del 2%. Para el resto de personas físicas, Junts planteaba situar el tipo general en el 5%, mientras que proponía elevar hasta el 30% la tributación de las adquisiciones de viviendas por parte de fondos buitre.
La propuesta de Junts no ha obtenido suficiente apoyo en el pleno. En cambio, sí que ha prosperado una propuesta pactada entre el PSC y ERC para crear un grupo de trabajo que estudie posibles rebajas fiscales vinculadas a la vivienda. El acuerdo permite a los dos socios de investidura abordar la fiscalidad sin asumir, de momento, una rebaja concreta del ITP.
Acuerdos sobre desahucios, Blackstone y fiscalidad
El paquete de resoluciones también ha dejado otros acuerdos. El Parlament ha aprobado impulsar modificaciones legislativas en el Estado para que no se puedan ejecutar desahucios de personas vulnerables, una de las demandas que los Comuns habían situado entre sus prioridades. También ha prosperado una propuesta para adquirir 400 viviendas al fondo Blackstone. Los Comuns han conseguido igualmente que la cámara dé apoyo a impulsar una reforma fiscal en la línea de la tasa Zucman, con un impuesto anual mínimo del 2% sobre las grandes fortunas.
En cambio, no han salido adelante varias de las propuestas de los Comuns, entre ellas una rebaja de la fiscalidad para la primera vivienda y la petición de promover en el Congreso una reforma legal para establecer alquileres indefinidos. Tampoco han prosperado las iniciativas que reclamaban más presión fiscal sobre los especuladores o la expulsión de los grandes fondos de inversión del negocio de la vivienda. El PP, por su parte, ha conseguido aprobar una propuesta que reclama reducir la fiscalidad vinculada a la vivienda para facilitar el acceso al alquiler o a la propiedad, sin concretar en el texto una medida fiscal determinada.