El ministerio de Hacienda dice estar tranquilo ante el anuncio de la Generalitat sobre que podrá asumir a partir del 1 de septiembre la gestión de todos los impuestos propios y cedidos, a través de la Agencia Tributaria de Catalunya. Así lo manifiestan fuentes del gabinete del ministro Cristóbal Montoro, quienes aseguran que el Govern no tiene "capacidad operativa" para canalizar tributos. Defienden que las empresas no verán factible saltar de una a otra legalidad, porque saben que el Estado tirará de derecho administrativo para sancionar y perseguir a quienes no paguen.
Según las fuentes consultadas, estas medidas pasarían por sanciones de cariz económico, embargos, e incluso, consecuencias penales. Es el mismo procedimiento que se aplica cuando cualquier ciudadano renuncia a sus obligaciones impositivas, ya que constituye delito eludir a Hacienda. El gobierno prevé evitar así la evasión posible y confían en que los ciudadanos ni las empresas opten por esta vía que les podría comportar agravios. Añaden, además, que las dificultades para ejecutar la recaudación fiscal también supondrán un escollo para Catalunya.
Las fuentes se han manifestado después del Consejo de Política Fiscal y Financiera de este viernes. El secretario de Economía ha asistido en nombre del vicepresidente y conseller, Oriol Junqueras. Aragonès ha afirmado que pronto no habría que preocuparse por los déficits aplicados por el Estado, insinuando que pronto Catalunya podría gestionarse a sí misma. El motivo del encuentro es que Montoro ha decidido elevar la previsión de déficit al 0'4% para el 2018. Es decir, un 0'1% más que en el CPFF celebrado la semana anterior, por "negociaciones políticas", según ha asegurado el ministro.