La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue en el centro de la polémica. En esta ocasión, son las universidades públicas las que se sitúan en el punto de mira de la popular. Si en Estados Unidos, su presidente, Donald Trump, tiene abierta una guerra con Harvard, en la capital del Estado español, los centros universitarios son el nuevo campo de batalla político de Ayuso. Los rectores de los seis campus universitarios madrileños denuncian una asfixia económica desde hace un año, y ahora se suma también un proyecto legislativo que pretende limitar la autonomía universitaria. Según revela El País, el nuevo borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) fechado el 29 de mayo, incluye un régimen sancionador que restringe la independencia y academia y se enfrenta con otras normas estatales. Considera como infracciones "graves" los escarnios o las manifestaciones sin autorización para impedir otra actividad. Estas faltas se podrán sancionar con hasta 100.000 euros de multa.

Limitar la libertad de expresión

La norma incluye infracciones "leves", que pueden ser de hasta 15.000 euros por poner una pancarta no autorizada. Pero también hay una serie de infracciones consideradas "muy graves" que implicarían multas de entre 100.000 y 1.000.000 de euros y que incluyen conductas como "no garantizar, por acción u omisión, la pluralidad y la libertad en el campus, especialmente la libertad de expresión, y de cátedra". El nuevo régimen sancionador que pretende impulsar Ayuso choca con la Ley de Convivencia Universitaria de 2022, que ya castigaba las infracciones en los campus, y con el Estatuto Básico del Empleado Público (1986), que se aplica a los trabajadores de los campus estatales.

Entre las infracciones más graves, que serán castigadas con entre 100.000 euros y un millón por el consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid, se incluyen acciones como empezar las clases en un centro de educación superior sin autorización, publicidad engañosa sobre el permiso para impartir clase, falsificar documentación para poder acceder a un estudio superior, impedir "la acción legítima" de las fuerzas y cuerpos del Estado o unas elecciones o permitir la celebración de un "referéndum ilegal". Según detalla El País, entre las faltas muy graves hay el hecho de "no cumplir o permitir que se incumpla la Constitución, se vulneren o queden desprotegidos los derechos fundamentales y su pleno ejercicio por parte de las personas que se encuentren legítimamente en el campus universitario" así como "no garantizar, por acción u omisión, la pluralidad y la libertad en el campus, especialmente la libertad de expresión, y de cátedra". Así pues, la nueva medida abriría la puerta no solo a castigar al infractor, sino también a la universidad por permitir la falta.

Las faltas graves —con sanciones de entre 15.000 y 100.000 euros— incluyen evitar la tarea de los medios de comunicación en el campus, "permitir la ocupación de cualquier sitio del campus", que podría afectar a las acampadas como las convocadas contra el genocidio en Gaza, o permitir "el hostigamiento de miembros de la universidad o personas que la visiten", que podría encajar con un escarnio.

Lucha contra las manifestaciones en los campus

El nuevo borrador de la LESUC incluye multas de hasta 100.000 euros por "permitir que las manifestaciones o acciones no autorizadas o comunicadas impidan el libre y pacífico ejercicio de las manifestaciones o actividades que sí que han sido debidamente autorizadas". En más de una ocasión, alguna acción de protesta ha obligado a suspender un acto, como la visita a la facultad de Políticas de la Complutense el pasado mes de febrero del exdiputado de Vox Espinosa de los Monteros, que fue boicoteada por un centenar de personas. La nueva norma también contempla una sanción de 100.000 euros por la "discriminación o exclusión de asociaciones legítimamente constituidas en la asignación de instalaciones, fondo, actividades y participación general en la vida universitaria".