El Govern no prevé acudir este miércoles a la primera reunión preparatoria de la conferencia de presidentes autonómicos del 17 de enero, aunque está abierto a que se convoque la comisión bilateral Estado-Generalitat, han indicado fuentes del ejecutivo catalán.
La reforma de la financiación y la búsqueda de un pacto educativo entre el Gobierno y las comunidades se perfilan como los asuntos centrales de la conferencia de presidentes, cuyo orden del día se irá trabajando en la reunión que este miércoles mantendrá a la vicepresidenta del ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, con los consejeros de Presidencia autonómicos.
Según las fuentes consultadas, la consellera de la Presidencia de la Generalitat, Neus Munté, no tiene "por ahora" intención de acudir a la reunión, ya que "no hay ningún elemento nuevo" que permita al presidente catalán, Carles Puigdemont, replantearse su negativa a asistir a la cumbre del 17 de enero convocada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Diálogo bilateral
El Govern viene reclamando un diálogo "bilateral" con el Estado y ha sugerido celebrar una reunión entre Puigdemont y Rajoy, que todavía no se ha concretado. Es probable que además de la reunión del miércoles haya un segundo encuentro en las jornadas anteriores a la cumbre de presidentes autonómicos.
A pesar de no celebrarse ninguna reunión de la comisión bilateral desde el 2011, sí que se han mantenido contactos regulares en nivel técnico, entre los servicios jurídicos del Estado y de la Generalitat, para intentar cortar posibles conflictos competenciales en normativas impulsadas por los dos gobiernos, aunque no siempre se llega a un acuerdo y el litigio acaba en los tribunales.
La última reunión formal de la comisión bilateral Estat-Generalitat, que emana del Estatuto, se produjo el verano del 2011, en los últimos compases del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y con Artur Mas al frente de la Generalitat.
Con la llegada de Rajoy a la Moncloa y el giro independentista de Mas, la tensión entre gobiernos se incrementó y la comisión -la parte catalana la presidía Josep Antoni Duran i Lleida- quedó paralizada, sin que fructificaran los llamamientos de las dos partes a reunirla.