El Govern reclama a Renfe abrir expedientes por el incumplimiento de los servicios mínimos de Rodalies

El Govern "exige" a Renfe una investigación para saber por qué no se han cumplido los servicios mínimos de Rodalies durante la huelga convocada este martes. La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Govern que se ha trasladado a Renfe una petición de información y de iniciar expedientes informativos y sancionadores, si procede, a las personas que formaban parte de los servicios mínimos y no se han presentado a trabajar. Paneque ha confirmado que a primera hora de la mañana 50 maquinistas que estaban asignados a los servicios mínimos no habían acudido a su puesto de trabajo. La ausencia de los ferroviarios ha obligado a cancelar el 60% de los trenes previstos.

La consellera ha explicado que, una vez se pone en marcha este procedimiento, hay tres días para que el trabajador pueda acreditar por qué no se ha presentado al trabajo y, a partir de ahí, continuar los expedientes sancionadores. En caso de acumulación de incumplimientos o por la especial gravedad de los hechos, se puede ir más allá en las sanciones.

Paneque ha asegurado que entiende "perfectamente" el estado emocional de los maquinistas, después del accidente del AVE en Toledo y que hay ámbitos de negociación abiertos, pero ha insistido en que la obligación del ejecutivo es garantizar la movilidad de los ciudadanos.

La consellera ha explicado, además, que cuando a primera hora de la mañana se han constatado las incidencias y que no se podían garantizar los servicios mínimos, se ha trasladado información a los usuarios y el Govern ha activado una flota de autobuses para ofrecer un servicio alternativo. En un primer momento se han movilizado 64 autobuses y después 67, que han llegado a 85 autobuses a primera hora de la tarde. "Hemos activado todo aquello que teníamos al alcance para intentar asegurar incidencias mínimas en una jornada donde no se han respetado los servicios mínimos", ha argumentado.

Con todo, insiste en que la obligación del ejecutivo es garantizar que aquellas personas que quieran ir a trabajar lo puedan hacer y que la jornada de protesta se desarrolle con convivencia y civismo y respetando los servicios públicos.

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