Golpe del Tribunal Constitucional español a Vox, en tanto que el alto tribunal ha declarado por unanimidad que el reparto de senadores designados por el Parlament de Catalunya fue perfectamente válido y constitucional y no hubo ninguna vulneración de los derechos del grupo parlamentario de extrema derecha. El TC, por lo tanto, ampara el uso del renombre 'fórmula imperiali' para repartir los escaños en la Cámara Alta española, de acuerdo con los resultados electorales en las últimas elecciones catalanas, con la cual se designaron tres senadores para el PSC y otros tres para ERC —los dos partidos con 33 diputados—, dos por Junts per Catalunya —con 32 diputados— y ningún escaño para el resto de partidos, incluido Vox.

El grupo parlamentario de Vox denunció delante del TC que este reparto vulneraba su derecho a la representación política, recogido por el artículo 23.2 de la Constitución española, al tratarse de una fórmula nueva, diferente de las utilizadas en legislaturas anteriores y que incumplía el requisito que la regla de cálculo resulte, al menos, en una proporcionalidad igual o superior a la de la regla general, la fórmula D'Hondt. El TC, al contrario, señala que no se ha vulnerado ningún derecho de Vox a representación política, ya que la normativa autonómica que regula la designación de senadores da a la Mesa del Parlament la potestad de fijar este reparto con la fórmula que considere más adecuada, sin que haya una obligación de utilizar ineludiblemente la ley D'Hondt, mientras se dé una proporcionalidad razonable y con criterios objetivos.

 

 

La 'fórmula imperiali' es un criterio conocido, preexistente y razonable

La sala primera del TC señala también que el uso de la 'fórmula imperiali', aunque haya resultado desventajosa para el grupo parlamentario de Vox en relación con otros posibles sistemas de reparto, "no altera la esencia de la proporcionalidad constitucionalmente exigida", ya que se trata de un criterio de reparto "conocido y preexistente" que se aplica con criterios objetivos y razonables, al parecer del tribunal.

La propuesta de emplear esta fórmula la expuso la portavoz de ERC Marta Vilalta y contó con el aval de los republicanos, Juntos, la CUP y los comunes, con una medida enmarcada en el cordón sanitario antifascista que comparten contra los 11 diputados de Vox en el Parlamento catalán. La decisión topó con la oposición frontal ―e insuficiente― del PSC, el PP, Cs y los principales afectados, Vox, que consideraron que era una decisión antidemocrática y totalitaria.