El gobierno de Pedro Sánchez ha evitado valorar la retirada de euroórdenes por parte del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. La portavoz del ejecutivo Isabel Celáa así lo ha respondido a los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes. "Respetamos la autonomía y la independencia judicial" ha dicho, después de insistir en que no opinaría sobre el hecho.
La cuestión es que la decisión de Llarena -que se hace extensible al resto de políticos catalanes que están en Bélgica, Suiza o Escocia- llega después de que la justicia alemana se negara a extraditar Carles Puigdemont por rebelión, y sólo se abriera a hacerlo por malversación. "A veces hay discrepancias entre ámbitos judiciales, pero no queremos entrar" ha insistido sobre la comparativa entre España y Alemania. Ahora bien, ha considerado que no quedaría "dañada" la justicia española.
Así las cosas, parte del independentismo ha interpretado la decisión de la justicia internacional como una refutación de las tesis del Supremo sobre el 1-O, lo que ha atizado el malestar de algunos dirigentes del proceso y del Govern catalán.