Al día siguiente que se conocieran las intenciones de Pedro Sánchez de recurrir ante el Tribunal Constitucional la decisión de la Mesa del Parlament de admitir a trámite la ILP sobre la DUI, tal como ya ha hecho el PSC, el Govern ha reducido esta decisión del presidente del Gobierno a motivos electoralistas de cara a las elecciones del 12 de mayo. Según la portavoz del Ejecutivo en funciones, Patrícia Plaja, este movimiento del líder del PSOE demuestra que "el Gobierno ha aprendido poco o nada" en los últimos años de conflicto político entre Catalunya y el Estado. "Recurrir al TC para intentar coartar el debate parlamentario nunca no será una buena solución", ha resuelto la portavoz del Govern de Esquerra, un partido que se abstuvo en la votación en la Mesa del Parlament a finales de febrero. "Sánchez está pensando en la campaña para el 12 de mayo, les interesa y necesitan sobreactuar contra el independentismo por intereses electorales", ha insistido Plaja.
Recurso del PSC contra la tramitación
Este mismo martes, el Consejo de Ministros ha adoptado la orden de recurrir contra la Mesa delante del TC después que este lunes la validara la Comisión Permanente del Consejo del Estado, que preside la exministra Carmen Calvo. Si finalmente, el Constitucional admite el recurso de Sánchez, la ILP quedará congelada hasta que el tribunal se manifieste sobre su constitucionalidad. Si la Mesa del Parlament sigue con la tramitación, podría ser acusada de desobediencia, tal como pasó con las presididas por Carme Forcadell y Roger Torrent.
El jueves pasado, el PSC presentó también un recurso de inconstitucionalidad contra la tramitación de la ley. Ya en su momento, desde el PSC señalaron que esta iniciativa era "extemporánea" y suponía persistir en errores del pasado cuando, según defendían los socialistas catalanes, la mayoría de la sociedad apuesta por pasar página. Hay que tener en cuenta que aunque Pere Aragonès haya convocado elecciones, las Iniciativas Legislativas Populares no decaen.
¿Qué dice la ILP?
La iniciativa legislativa popular de la proposición de ley de Declaración de Independencia de Catalunya presentada por Solidaritat Catalana recoge que la "decisión de declarar la independencia le corresponde al pueblo de Catalunya como titular de la soberanía nacional, y al Parlament de Catalunya como representante suyo democráticamente elegido". En este sentido, el texto busca facultar al Govern para "negociar el reconocimiento internacional" de la declaración de independencia y concreta que este será efectiva "cuando sea aprobada la ley, cuando sea negociada con la comunidad internacional la forma y el momento de la declaración de independencia y cuando sea declarada por una mayoría de diputados en sesión solemne del Parlament de Catalunya convocada a tal efecto". La mesa del Parlament admitió a trámite esta ILP (con los votos a favor de Junts y la CUP, la abstención de ERC y el no de los socialistas catalanes) pero, en cambio, rechazó otra este mes de marzo: solo los cupaires votaron a favor.