El Govern empieza a poner cifras a la nueva financiación, aunque la negociación apenas se pone en marcha. La consellera de Economía, Alícia Romero, ha apuntado este martes que la previsión sería que con el nuevo acuerdo Catalunya recibiera entre 3.800 y 5.000 millones más. Romero, que ayer participó en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebró en Madrid, asegura que el Govern estaría "satisfecho" si el nuevo modelo incorpora una cantidad global de entre 17.000 y 18.000 millones de euros más.

En una entrevista a TV3, la consellera ha subrayado el compromiso de la ministra de garantizar la suficiencia financiera de las comunidades autónomas, es decir, que estén bien financiadas para poder llevar a cabo las políticas que les corresponden. Asimismo, se ha mostrado "convencida" de que el Estado respetará la ordinalidad, es decir, que si Catalunya es la tercera comunidad autónoma a la hora de aportar dinero al sistema, no quede en la décima posición una vez se hayan repartido los fondos entre los territorios. "Que quedemos en una posición similar a la tercera", ha pedido Romero, que ha ilustrado el diferente trato que reciben las distintas comunidades recordando que "en estos momentos un ciudadano de Extremadura recibe 1.000 euros más por habitante, que un ciudadano de Murcia, y eso es injusto".

Con todo, la consellera ha puntualizado que este cálculo se hará a partir de la población ajustada, es decir, no a partir de los 8,2 millones de habitantes de Catalunya, sino que, igual como ocurre con el actual sistema, se aplicarán otros valores demográficos, como puede ser la insularidad, el despoblamiento o el envejecimiento de la población para determinar el dinero que corresponde a cada territorio. Precisamente, la concreción de estos parámetros que determinan el cálculo aparece en el centro de la discusión entre los diferentes territorios.

Infrafinanciación

Asimismo, Romero ha valorado positivamente que crezcan las liquidaciones a cuenta, es decir, el dinero a cuenta que avanza el Estado a las autonomías en previsión a los ingresos que deben obtener de la recaudación fiscal y que se liquidan dos años después sobre la recaudación real. La previsión es que las liquidaciones a cuenta crezcan un 7%, lo que representaría para Catalunya 120 millones más. 

En cualquier caso, desde el Govern se subraya insistentemente que por primera vez el ejecutivo español ha puesto sobre la mesa la revisión de un sistema de financiación caducado desde hace años y ha admitido la infrafinanciación que sufren algunos territorios. Según un informe de la Sindicatura de Comptes, el impacto de la infrafinanciación que ha sufrido Catalunya los últimos 20 años es de 33.570 millones de euros. En esta cifra, según la Sindicatura, se incluye el dinero que le habría correspondido a Catalunya si el Estado hubiera garantizado las necesidades de financiación por habitante ajustado que se pactaron en el sistema acordado en 2009 y la deuda derivada de esta infrafinanciación.

Al día siguiente de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, tanto el Govern como el PSC han celebrado como un "primer paso" el planteamiento expuesto por la ministra de Hacienda. De hecho, la portavoz del PSC en el Parlament, Elena Díaz, ha asegurado que los "pasos adelante" en financiación permitirán iniciar la negociación de los presupuestos "en un momento u otro". También la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha apuntado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Ejecutivo que el Govern podría disponer a principios de año de los presupuestos para 2026, a pesar de que ERC ha condicionado la negociación de las cuentas a disponer de la propuesta de financiación singular pactada con el PSC.