Desde que va se supo que se adelantaban las elecciones generales y que el país entraba en una vorágine electoral de dos meses, el Govern de la Generalitat renunció a intentar pactar los presupuestos y anunció que se entraba en prórroga presupuestaria. Cuando se entra en esta situación, hay que elaborar un plan de contingencia, que recoge las necesidades económicas urgentes de cada uno de los departamentos que integran el ejecutivo. Según ha anunciado la nueva portavoz Mertixell Budó este plan, que se presentará en los próximos días, depende de una inyección económica del ministerio de Hacienda.
Se trata de una partida de unos 7.000 millones de euros que el Estado español recaudó de más a las comunidades autónomas y que ahora tiene que retornar. Esta suma de millones, que corresponde a la liquidación del sistema de financiación de 2017, se tiene que repartir de manera proporcional entre todas las comunidades autónomas, pero hace semanas que la operación está bloqueada. La Generalitat insiste en la urgencia de poder contar con este dinero. Es por eso que en nombre del gobierno Torra, Meritxell Budó se ha mostrado confiada de que los socialistas catalanes colaborarán y ayudarán a convencer al PSOE y Pedro Sánchez para desbloquear los pagos pendientes.