El Gobierno pretende incluir en el decreto ley de vivienda ayudas a la compra, más control al alquiler y límites para los fondos buitre. La intención del Ministerio de Vivienda es aprobar este texto en la reunión del Consejo de Ministros de este mismo martes. Por ello, según trasladan fuentes de este departamento, trabaja "con los grupos parlamentarios para aprobar un real decreto ambicioso y transversal". Entre ellos, principalmente, Junts per Catalunya, la formación que hasta ahora se ha opuesto a aprobar las propuestas en materia de vivienda del ejecutivo de Pedro Sánchez. Ahora, sin embargo, ambas partes se han puesto manos a la obra para llegar a un pacto. Paralelamente, fuentes de Sumar advierten que el acuerdo sobre el texto "sigue muy lejos". Y la número dos de Podemos, Irene Montero, ha advertido que la negociación del PSOE con Junts y PNV "servirá para decir que no dan los números y hacer un trágala; es indignante que lo realista sea lo que beneficia al fuerte y perjudica al débil".
Según avanzan fuentes del Ministerio de Vivienda, el Gobierno pretende reforzar la protección ante los desahucios, prohibir la compra especulativa a los fondos buitre, estabilizar los contratos de alquiler, bonificaciones fiscales para inquilinos y para propietarios que bajen el precio, regular los alquileres de temporada, hacer tributar como negocio los pisos turísticos, ayudas para la compra de la primera vivienda, blindaje del parque estatal de vivienda, así como una rebaja del IVA a la construcción de vivienda protegida con calificación permanente.
El desahucio la semana pasada de Maricarmen, en Madrid, ha sacudido la política española y ha disparado las prisas de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para aprobar un decreto que amortigüe la crisis de la vivienda. "Trabajamos contra reloj", manifestaba este domingo Pedro Sánchez en un acto del PSOE en Getafe, y pedía un "último esfuerzo" a los partidos representados en la cámara baja. Pero Sumar, socio minoritario del Gobierno, advierte este lunes que el acuerdo "sigue muy lejos".
"No nos vale cualquier decreto", también advertía este fin de semana Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, que amenaza con plantar a Sánchez en la reunión del Consejo de Ministros del martes si el texto no es lo suficientemente ambicioso y anima a los afectados por esta crisis a "seguir movilizados", aunque sea contra el ejecutivo del que forma parte. Este lunes, fuentes de Sumar han insistido en que el acuerdo sigue lejos porque el texto todavía no incluye "una protección completa ante los desahucios, la regulación de temporada y habitaciones, la prórroga de contratos, atacar el fraude de los pisos turísticos y la renovación de los contratos.
El PNV pide un acuerdo de mínimos para incluir a todos los grupos
Pero el PNV, por su parte, pide un decreto de mínimos. Se pronunciaba de esta manera el presidente del partido, Aitor Esteban, que denunciaba que algunos grupos parlamentarios "vayan a máximos". "Hay que ir al mínimo común denominador para evitar situaciones terribles e inaceptables", señalaba. En su crítica señalaba a Podemos. Este lunes, la número dos de esta formación, Irene Montero, ha exigido "acabar con el negocio de la vivienda". En una entrevista en TVE, la también eurodiputada ha reclamado expropiar las viviendas de los fondos buitre y obligar a rebajar los precios de los alquileres. La exministra de Igualdad ha advertido que el ejecutivo no podrá presentar un decreto de mínimos porque la ciudadanía no lo aceptará, en referencia a las movilizaciones vivas como la acampada en la madrileña Puerta del Sol.
Junts, a favor de limitar los fondos buitre: prohibir los desahucios y congelar la compra de vivienda
Paralelamente, Junts per Catalunya ha propuesto al Gobierno detener los desahucios cuando la propiedad sea de un fondo buitre. En el caso de un pequeño propietario, los independentistas piden que sea la administración quien se ocupe de compensar las pérdidas económicas. Insisten en que estos gastos no pueden recaer en un particular cuando se pagan impuestos. Por otro lado, también proponen que los fondos no puedan comprar vivienda de manera temporal. Señalan que esto beneficia que pueda ser la administración quien los compre, y prevén que esto se traduciría en un equilibrio de los precios.