El Gobierno vive con preocupación la decisión del Tribunal Supremo de mantener suspendido el derecho a voto de decenas de miles de descendientes de exiliados españoles por la dictadura franquista recogido en la conocida como ley de nietos. Fuentes de la sala de máquinas de la Moncloa aseguran que la decisión es "gravísima" y que las "consecuencias" de avivar el relato del pucherazo electoral son "incalculables". En la habitual rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz del ejecutivo, Elma Saiz, ha lamentado que el alto tribunal atente contra un "derecho fundamental" reconocido en la Constitución. "En una democracia hay que garantizarlo, no restringirlo", ha espetado.
La ley de nietos es el nombre informal con el que se conoce una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022. Permite obtener la nacionalidad a hijos y nietos de españoles que sufrieron exilio. Una instrucción del Ministerio de Justicia de ese mismo año presuponía que es exiliado cualquier antepasado que hubiera salido del Estado español entre 1936 y 1955. Es en esta orden ministerial donde radica el problema: los contrarios a la ley de nietos consideran que es un agujero para que se nacionalice cualquier descendiente, mientras que fuentes del Gobierno insisten en que es la única manera de hacerlo, porque poco tienes que demostrar que te exiliaste por motivos políticos. "La gente se marchaba con una mano delante y otra detrás", insisten fuentes de la Moncloa.
Vox e Iustitia Europa impugnaron un acuerdo de la Junta Electoral Central de julio de 2026 sobre la inscripción de estos nacionalizados en el censo de españoles residentes en el exterior (CERA). El pasado septiembre, el Supremo suspendió cautelarmente el voto de los nacionalizados por esta vía, y también las nuevas inscripciones en el censo; con una excepción: pueden votar quienes obtengan un certificado consular que acredite el exilio de los antepasados. La nacionalidad no queda afectada. Con las generales convocadas para el 29N, la Abogacía pidió levantar la suspensión. Alegaba que era materialmente imposible revisar los expedientes a tiempo.
Este lunes, el Supremo confirmó la cautelar, que afecta a 163.020 electores. Solo podrán votar quienes tengan el certificado consular de exilio. El problema es que ahora los consulados deben revisar los expedientes uno por uno. La documentación electoral debe enviarse entre el 24 y el 30 de octubre. Y desde el Gobierno insisten en que la decisión les ha pillado con poco tiempo de maniobra y que el proceso es "complejísimo". "Debemos cumplir la ley, pero es como si nos hubieran obligado a volar por el espacio", afirman.
Según publica este lunes la Cadena SER, la Administración ya ha identificado a más de 70.000 nacionalizados por la ley de nietos que deberán salir del censo electoral. En un escrito incorporado a la causa al que la emisora asegura haber tenido acceso, los servicios jurídicos del Gobierno explican que en septiembre de 2024 entró en funcionamiento el Registro Civil Electrónico en las oficinas consulares, y que esta aplicación ha permitido identificar a estos afectados de cara a las elecciones del 29N. El problema son las cerca de 90.000 personas que obtuvieron la nacionalidad antes, que las fuentes consultadas por la SER ven prácticamente imposible localizar a tiempo. El escrito precisa que no se dispone "de una lista nominativa de las personas afectadas" y que obtenerlo "requiere el trabajo manual de los consulados". Los consulados pequeños podrán cumplir, pero no los grandes, como los de Argentina o Cuba, con decenas de miles de expedientes.