La crisis migratoria de Ceuta entra en una nueva fase. Después de casi dos meses dedicados a contener la emergencia, buscar alojamiento para miles de personas y reforzar la frontera, el Gobierno prepara ahora el paso que puede resultar más delicado: cambiar las reglas para acelerar el retorno a Marruecos de una buena parte de los migrantes que todavía continúan en la ciudad autónoma. El Ejecutivo trabaja en un decreto ley que pretende llevar al Consejo de Ministros del martes y que reduciría de manera drástica algunos de los plazos administrativos y judiciales vinculados a las peticiones de protección internacional, según avanza El País. La principal novedad es especialmente significativa: en determinadas circunstancias, España podría ejecutar el retorno de un migrante antes de que se hayan agotado todos los trámites y recursos relacionados con su petición de asilo. Es un cambio sustancial respecto a las garantías que establece actualmente la legislación española. La ley de asilo señala que, una vez presentada una solicitud de protección internacional, la persona extranjera no puede ser retornada, expulsada o extraditada hasta que la petición sea resuelta o inadmitida.
El gran obstáculo: las peticiones de asilo
Este es precisamente el cuello de botella que el Gobierno español intenta eliminar. Tras la entrada masiva del 30 y 31 de julio, miles de personas han iniciado los trámites para pedir protección internacional, un procedimiento que dificulta que Interior pueda ejecutar inmediatamente el retorno a Marruecos. La Moncloa ya había dejado claro que consideraba prioritario agilizar estos expedientes. El real decreto ley aprobado el 1 de septiembre para afrontar las consecuencias de la crisis reconocía que la Oficina de Asilo y Refugio había reforzado sus equipos ante un posible incremento exponencial de solicitudes y recordaba, a la vez, que el examen individualizado de cada caso es obligatorio tanto por la legislación española como por la europea e internacional.
Ahora, sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere ir un paso más allá. Según la información publicada por El País, el decreto eliminaría en estos expedientes el examen previo de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR), de manera que Interior podría avanzar directamente hacia una resolución. También se reducirían los plazos judiciales: en determinadas denegaciones de asilo, el migrante dispondría de solo cinco días naturales para presentar recurso, y los tribunales tendrían que tramitar estos casos de manera preferente.
Retornarlos mientras el asilo todavía se tramita
Pero el cambio más profundo afecta a los efectos que tiene actualmente una petición de asilo sobre una expulsión. Mientras continúe vigente la situación de interés para la seguridad nacional declarada en Ceuta el 25 de agosto, el texto en preparación permitiría retirar el efecto protector de la solicitud a determinados grupos de migrantes. Entre estos se encontrarían los ciudadanos procedentes de países considerados de origen seguro, las personas que presenten peticiones sucesivas de protección o aquellas que sean consideradas una amenaza para el orden público o la seguridad nacional. Esta categoría afecta directamente a una gran parte de los migrantes llegados a Ceuta porque Marruecos forma parte desde febrero de la lista común de países de origen seguros de la Unión Europea, junto con Bangladés, Colombia, Egipto, la India, Kosovo y Túnez. El reglamento europeo recuerda que once estados miembros ya consideraban a Marruecos un país seguro y que la tasa de reconocimiento de protección internacional de los marroquíes en el conjunto de la UE había sido del 4% en 2024.
Esto, sin embargo, no significa que todos los marroquíes puedan ser expulsados automáticamente. Cada expediente continúa teniendo que ser examinado individualmente para comprobar si existen circunstancias personales que justifiquen la protección internacional. El propio gobierno español lo reconocía en el decreto aprobado a principios de septiembre.
El asilo se podría resolver con el migrante ya en Marruecos
La consecuencia más llamativa del nuevo sistema es que, en estos casos, la expulsión podría ejecutarse sin esperar a que se hayan resuelto definitivamente todos los recursos. El procedimiento de asilo no desaparecería. La Administración continuaría estudiándolo, pero lo podría hacer cuando el solicitante ya hubiera sido retornado a Marruecos.
Interior también estudia otra medida especialmente controvertida: considerar abandonada una petición de asilo cuando el migrante deje el centro de acogida donde está alojado en Ceuta, lo que podría comportar el archivo del expediente y abrir la puerta a la expulsión. La medida todavía está en discusión entre los ministerios implicados.
Más de 10.000 migrantes todavía en Ceuta
El decreto intenta dar respuesta a un problema que, casi dos meses después de la entrada masiva, continúa sin resolverse. Según los últimos datos comunicados por el gobierno español, más de 10.000 migrantes todavía continúan en Ceuta, repartidos entre centros de acogida y asentamientos improvisados. Interior ya había empezado a reforzar los equipos encargados de los expedientes. A principios de septiembre, el ejecutivo envió más policías y funcionarios y habilitó entrevistas por videoconferencia para acelerar tanto las solicitudes de asilo como los procedimientos de devolución.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también había advertido esta semana que el objetivo era acelerar los expedientes de los migrantes que no tuvieran derecho a protección internacional. Y el 17 de septiembre pidió formalmente a la Comisión Europea instrumentos para poder agilizar los procedimientos de asilo y retorno ante crisis migratorias excepcionales como la de Ceuta. El decreto que ahora prepara el gobierno español intenta llevar esta voluntad al terreno legislativo.
Una batalla jurídica casi asegurada
El problema es que la vía escogida presenta un encaje jurídico delicado. El artículo 86 de la Constitución permite al gobierno de España aprobar decretos ley cuando existe una situación de "extraordinaria y urgente necesidad", pero establece que estas normas no pueden afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución. Además, las leyes orgánicas solo pueden ser modificadas mediante una votación por mayoría absoluta del Congreso. Y parte de las normas que regulan la situación de los migrantes se encuentran precisamente en legislación de rango orgánico. El Tribunal Supremo ya puso límites este verano a las devoluciones inmediatas en Ceuta y Melilla al sentenciar que el mecanismo de rechazo en frontera previsto por la ley de extranjería no se podía aplicar automáticamente a los migrantes interceptados en el mar cuando intentaban llegar nadando, porque la norma se refiere a quienes intentan superar elementos físicos de contención fronteriza.
El ejecutivo intenta, por lo tanto, construir un texto capaz de acelerar las expulsiones sin vulnerar las garantías del derecho de asilo ni el principio de no-devolución, que impide enviar a una persona a un país donde pueda sufrir persecución o un trato contrario a los derechos humanos.
De la emergencia humanitaria a las devoluciones
Si el Consejo de Ministros acaba aprobando la norma el martes, será un nuevo giro en la respuesta del Ejecutivo a la crisis iniciada el 30 de julio. La primera etapa fue contener la entrada y reforzar la frontera. La segunda, encontrar espacios para alojar a los miles de personas que dormían en las calles y las playas. Después llegó la declaración de Ceuta como situación de interés para la seguridad nacional y un primer decreto ley con recursos extraordinarios para la ciudad. Ahora empieza la fase probablemente más compleja: decidir quién puede quedarse y cómo devolver rápidamente a Marruecos a quien no tenga derecho a hacerlo. Y para conseguirlo, el Gobierno de España no solo quiere acelerar la administración. Quiere modificar, al menos temporalmente, algunas de las garantías que hasta ahora hacían que una petición de asilo pudiera mantener parada una expulsión durante meses.