El Gobierno estudia en estos momentos las propuestas en materia de vivienda planteadas por Junts per Catalunya, con la intención de aprobar lo antes posible un decreto para paliar los efectos de esta crisis. Así lo confirman a este periódico fuentes del Ministerio de Vivienda y del grupo parlamentario liderado en Madrid por Míriam Nogueras, que abogan por una rebaja de impuestos y cambios en la prórroga del alquiler. Los votos de los juntaires son los únicos que faltan para aprobar este decreto. Sumar presiona al PSOE para que esta norma se apruebe en la reunión del Consejo de Ministros del próximo martes.
Los juntaires explican que hace un par de semanas "entregaron en mano a Pedro Sánchez un real decreto ley con medidas concretas que ya hemos presentado desde hace meses en el Congreso y que pueden reunir el apoyo necesario para ser aprobadas". "Esperamos una respuesta en las próximas horas", señalan fuentes del partido de Carles Puigdemont. El resto de formaciones de la investidura se han mostrado a favor de aprobar el decreto. Habrá que ver, sin embargo, si incluir medidas de Junts implicará que Podemos se baje del carro; dos formaciones con posiciones muy alejadas en materia económica y social.
Esta toma de contacto entre el Gobierno y Junts se produce al día siguiente del desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que pagó religiosamente su alquiler durante 70 años pero cuyo piso ha caído en manos de un fondo buitre. Su caso ha sacudido a la ciudadanía y a las diversas formaciones políticas. Se ha convertido, de hecho, en un nuevo enfrentamiento público entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso. Este miércoles el presidente del Gobierno culpaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid de esta "tragedia social", y este jueves la lideresa madrileña ha contraatacado: "Por cada desahucio en Madrid, hay cinco en la Catalunya de Illa y Sánchez".
Rufián asegura que negociar la vivienda con Junts "es un error"
Por su parte, Gabriel Rufián ha lamentado en su cuenta de Twitter (X) que el Gobierno negocie con la formación de Puigdemont. "Esto es un error; otro más; Junts no debe ser quien establezca los límites de la vivienda al resto; deben ser el Gobierno y las izquierdas quienes, después de negociar, impongan a Junts qué hay que hacer con la vivienda; y si Junts no quiere votarlo, que se retraten y que sigan hundiéndose en las encuestas para que nunca más un partido al servicio de los buitres inmobiliarios tenga la influencia que tiene esta gente; basta ya de chantajes de la derecha catalana", ha espetado.
El desahucio de Maricarmen abre un nuevo choque PSOE-Sumar
El desahucio de Maricarmen ha abierto un nuevo choque interno en el Gobierno, entre los socios PSOE y Sumar. Los yolandistas presionan a los socialistas para que el decreto se apruebe sin demora el próximo martes. Según explican fuentes de esta formación, ven verdadera voluntad por parte del PSOE en aprobar este decreto, pero le exigen más ganas para negociar con Junts, que es lo que el Ministerio de Vivienda confirma que ya ha empezado a hacer. Este jueves, el ministro de Cultura, el sumarita catalán Ernest Urtasun, también ha dicho que su formación propone expropiar el piso de Maricarmen; a pesar de admitir que hay que "estudiarlo".
El portavoz en la sombra del Gobierno y también ministro de Transportes, Óscar Puente, no ha dudado en entrar al choque con el socio minoritario del ejecutivo. "A ver si toda esta movida sirve al menos para que aquellos que solucionarían el problema de la vivienda en un pis pas, resuelvan uno que debería ser más sencillo: el suyo; solo se tienen que poner de acuerdo y no ir bajo veinte siglas a las próximas elecciones y regalarle el gobierno a la ultraderecha", ha publicado en su cuenta de Twitter (X).
Las propuestas de Junts
Junts registró hace meses una proposición no de ley para recuperar y ampliar las deducciones fiscales en el IRPF. Proponen una deducción del 15% por la compra de la vivienda habitual, que incluya el precio de adquisición, la amortización del capital, los intereses hipotecarios y los gastos asociados, con una base máxima anual de 11.630 euros por contribuyente. La misma deducción se aplicaría a las viviendas destinadas a alquiler habitual, excepto los arrendamientos turísticos o de temporada. También plantea una deducción del 15% por las aportaciones a cuentas destinadas a la primera compra o rehabilitación de vivienda, siempre que estas se materialicen en un máximo de cuatro años. Para el alquiler, propone una deducción del 15% para los contribuyentes con una base imponible igual o inferior a 33.007,20 euros, aplicada sobre las rentas pagadas y con el mismo límite anual de 11.630 euros.
Junts también plantea permitir a los deudores hipotecarios extinguir la deuda cuando el crédito se haya vendido a un tercero, como un fondo de inversión, abonando el precio real de cesión, los intereses y los gastos. El deudor tendría 90 días para ejercer este derecho, que sería irrenunciable. La propuesta también refuerza las obligaciones de información de los cesionarios y amplía la definición de vivienda habitual en el IRPF para incluir personas trasladadas a residencias o centros sociosanitarios.
Por último, Junts se abre a prorrogar los contratos de alquiler vigentes, pero defienden que solo se aplique a los inquilinos al corriente de pago y que el propietario pueda recuperar la vivienda si la necesita. También reclaman actualizar las rentas según el índice de referencia para la actualización de contratos de alquiler e impedir que los grandes tenedores eviten los límites de precios de las zonas tensionadas mediante prórrogas contractuales.