El Gobierno ha informado de que ha entregado este miércoles al Tribunal Supremo la lista de las 163.355 personas nacionalizadas a través de la ley de nietos. El alto tribunal español quiere quitarlos del censo y que no puedan votar en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, como le ha reclamado Vox. La Abogacía del Estado ha solicitado además a la Sala Tercera del Tribunal Supremo que, al incluir datos sensibles de carácter personal, "declare el listado como reservado para evitar que las partes, de ideología ultraderechista, puedan hacer un uso malicioso o ilegítimo de esa información", según fuentes del Gobierno de Pedro Sánchez.
La decisión del alto tribunal español ha obligado a la administración a revisar los expedientes de las decenas de miles de nacionalizados, puesto que solo podrán votar quienes consigan demostrar que sus antepasados fueron perseguidos políticamente y que por ello se exiliaron durante la Guerra Civil o la dictadura franquista. Esta comprobación debe hacerse vía certificado del consulado, donde se está trabajando contra reloj y con refuerzo de personal para ubicar los respectivos expedientes y realizar las comprobaciones. El Gobierno de Pedro Sánchez ha avisado de que es muy difícil conseguir llegar a tiempo, ante la proximidad de los comicios. Por ahora, solo un millar de nacionalizados lo tienen, según datos de Exteriores aportados por el citado diario.
Asimismo, pese a la nacionalización, poder votar depende también de que estén inscritos en el censo electoral para residentes en el exterior o CERA. No todos los 160.000 lo están, solo unos 38.188, ya que para entrar en este censo hace falta otro trámite burocrático más: inscribirse en el Registro de Matrícula Consular. En un informe del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de hecho, se señala que mucha gente que pide la nacionalidad vía ley de nietos lo hace por motivos de identidad familiar, vínculo afectivo o por reparación de la memoria, pero que luego no llegan a inscribirse en el censo para poder votar en España.
Recopilación de datos
Se informa que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha coordinado la labor que realizaban los consulados para el trabajo de revisión de los procesos de nacionalización en las distintas oficinas consulares, y ha autorizado la contratación de todas las asistencias técnicas solicitadas para culminar este trabajo en el plazo señalado. El primer telegrama con instrucciones de este ministerio a las oficinas consulares para recabar la información se envió el 15 de septiembre, tras recibir la notificación el 14 de septiembre.
También se detalla que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes envió a la Oficina del Censo Electoral ya el pasado 15 de octubre el listado de 76.600 personas que constan en DICIREG (Registro Civil digital) como nacionalizadas de acuerdo con los supuestos de la Ley de Memoria Democrática, que es la única información que constaba en ese departamento. La Oficina del Censo remitió ese listado al Supremo el 21 de octubre.
Además, se recuerda que las personas incluidas en los listados vieron reconocida la nacionalidad española acogiéndose al procedimiento previsto en la Ley de Memoria Democrática, aprobada en el Congreso de los Diputados en 2022, y a la instrucción que clarificaba ese procedimiento y reconocía la presunción de exilio. Se trata de requisitos y procedimientos idénticos a los establecidos tras la Ley de Memoria Histórica de 2007, que se aplicaron con plena normalidad y sin ser cuestionados. Estando en vigor, se han celebrado multitud de procesos electorales, afirman fuentes del Gobierno.
Menos del 0,06% de los votos
Desde el Gobierno se detalla que aplicando los niveles habituales de participación exterior, el impacto potencial de 163.355 personas, si todas estuviesen en el Censo de Españoles Residentes en el Exterior, sería de menos de 14.000 votos a repartir entre 52 circunscripciones. Esto supone, aproximadamente, menos del 0,06 % de los votos emitidos en las generales de 2023.
Se asegura que "la incidencia real sería aún menor", ya que el listado incluye personas que no están en el censo electoral de residentes ausentes (CERA), tales como menores o personas que han fallecido.
El Supremo paraliza el derecho a voto tras los recursos de Vox y Iustitia Europa
El litigio se inició con los recursos presentados por Iustitia Europa y Vox y el Supremo aceptó suspender cautelarmente el derecho a voto de los nuevos nacionalizados. El Defensor del Pueblo puso un recurso ante el Tribunal Constitucional contra esta decisión, pero el órgano de garantías rechazó hace una semana admitirlo a trámite. El motivo fue que el recurso era prematuro porque aún no se ha agotado la vía de la jurisdicción ordinaria. Fue con mayoría de diez a dos, con el voto particular de dos magistrados progresistas. La llamada ley de nietos, incluida en la ley de memoria democrática, abrió la puerta de la nacionalidad española a los hijos y nietos de exiliados por razones "políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual". Pocos días después se publicó una instrucción que señalaba que se presumiría la condición de exiliado a quienes salieron del país entre 1936 y 1955, con lo que ya no era necesario documentar las razones del exilio.
