El Gobierno entrega este miércoles al Tribunal Supremo la lista de las 163.020 personas nacionalizadas a través de la ley de nietos. El alto tribunal español quiere quitarlos del censo y que no puedan votar en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Según han señalado fuentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez a elDiario.es, los ministerios de Presidencia y Justicia, a cargo de Félix Bolaños, y de Exteriores, con José Manuel Albares al frente, trasladarán los documentos requeridos por orden judicial a lo largo del día, cuando se cumple la fecha límite impuesta por el Supremo.
La decisión del alto tribunal español ha obligado a la administración a revisar los expedientes de las decenas de miles de nacionalizados, puesto que solo podrán votar quienes consigan demostrar que sus antepasados fueron perseguidos políticamente y que por ello se exiliaron durante la Guerra Civil o la dictadura franquista. Esta comprobación debe hacerse vía certificado del consulado, donde se está trabajando contra reloj y con refuerzo de personal para ubicar los respectivos expedientes y realizar las comprobaciones. El Gobierno de Pedro Sánchez ha avisado de que es muy difícil conseguir llegar a tiempo, ante la proximidad de los comicios. Por ahora, solo un millar de nacionalizados lo tienen, según datos de Exteriores aportados por el citado diario.
Asimismo, pese a la nacionalización, poder votar depende también de que estén inscritos en el censo electoral para residentes en el exterior o CERA. No todos los 160.000 lo están, solo unos 38.188, ya que para entrar en este censo hace falta otro trámite burocrático más: inscribirse en el Registro de Matrícula Consular. En un informe del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de hecho, se señala que mucha gente que pide la nacionalidad vía ley de nietos lo hace por motivos de identidad familiar, vínculo afectivo o por reparación de la memoria, pero que luego no llegan a inscribirse en el censo para poder votar en España.
El Supremo paraliza el derecho a voto de los nuevos nacionalizados tras los recursos de Vox y Iustitia Europa
Tras los recursos presentados en la justicia de Iustitia Europa y Vox, el Supremo acordó suspender cautelarmente el derecho a voto de los nuevos nacionalizados. El Defensor del Pueblo puso un recurso ante el Tribunal Constitucional contra esta decisión, pero el órgano de garantías rechazó hace una semana admitirlo a trámite. El motivo fue que el recurso era prematuro porque aún no se ha agotado la vía de la jurisdicción ordinaria. Fue con mayoría de diez a dos, con el voto particular de dos magistrados progresistas. La llamada ley de nietos, incluida en la ley de memoria democrática, abrió la puerta de la nacionalidad española a los hijos y nietos de exiliados por razones "políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual". Pocos días se publicó una instrucción que señalaba que se presumiría la condición de exiliado a quienes salieron del país entre 1936 y 1955, con lo que ya no era necesario documentar las razones del exilio.