El Gobierno ha creado un equipo de trabajo para hacer la devolución de todas las multas que se impusieron durante el primer estado de alarma por la covid-19 y para anular los expedientes que seguían siendo tramitados por la administración, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de Política Territorial. Después de la decisión del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional el primer estado de alarma -y tiene pendiente de decir el qué sobre el segundo-, el Ejecutivo del PSOE y Podemos ha creado equipos de trabajo con todas las subdelegaciones y delegaciones del gobierno, y también con la Agencia Tributaria, la delegación de Economía, el Tesoro Público y Política Territorial.

Con el asesoramiento de equipos informáticos, hará la devolución "de oficio" de la cantidad que se cobró en las sanciones impuestas en cumplimiento del estado de alarma. Para eso, se habilitará un mecanismo para que los ciudadanos consignen una cuenta bancaria desde la que poder llevar a cabo la transacción.

En el equipo participan las subdelegaciones y delegaciones de gobierno de todas las comunidades autónomas, excepto Catalunya y el País Vasco, que tienen la competencia en esta materia transferida. De hecho, el vicelehendakari y consejero vasco de Seguridad, Josu Erkoreka, anunció a principios de octubre que también haría la devolución.

 

Más de un millón de multas

 

El estado de alarma se declaró en el real decreto del 14 de marzo, que habilitó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y locales para sancionar a los ciudadanos que no cumplieran con el confinamiento domiciliario, pero el pasado mes de julio el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esta medida.

El balance final dejó 1.142.127 multas impuestas en España en el primer estado de alarma -desde el 14 de marzo al 21 de junio-, y al menos 220.296 sanciones en el segundo estado de alarma -desde el 26 de octubre hasta mayo-, según datos del Ministerio del Interior facilitados en marzo, cuando se cumplió un año del primero de los estados de alarma.

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública actualizó la cifra en mayo al informar de que las delegaciones y subdelegaciones de gobierno habían resuelto ya con sanción 172.482 expedientes, el 50,1% del total.

Las delegaciones de gobierno tramitaron estos expedientes a raíz de las propuestas de sanción tramitadas por Policía Nacional, Guardia Civil y cuerpos autonómicos y locales. Correspondía, por lo tanto, al confinamiento domiciliario más estricto y a las multas tramitadas por la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como 'ley mordaza'.

170.000 multas cobradas

 

De los 481.969 actos de propuesta de sanción tramitados, 172.482 se habían resuelto con sanción; 87.826 habían sido trasladados a otras administraciones (autonómicas y locales); 54.193 se encontraban todavía en proceso de instrucción; y 11.206 habían sido archivados. El resto, 156.262, después del análisis del instructor correspondiente, se había determinado que, a la vista de los hechos, "no procedía iniciar el procedimiento sancionador por diferentes causas".

Andalucía (195.986) y Madrid (184.517) son las comunidades autónomas en que más expedientes de denuncia se interpusieron entre el 14 de marzo y el 21 de junio. Ceuta y Melilla presentaban las cifras más bajas, con 9.472 y 4.199 propuestas, respectivamente.

Para atender el volumen de expedientes y la "desproporcionada carga de trabajo", Política Territorial anunció en mayo que ponía en marcha un programa de refuerzo para agilizar la tramitación de multas con la idea de que quedaran "resueltos dentro del plazo y en la forma apropiado". En total, había 235 efectivos en todo el Estado encargados de determinar si, a la vista de los hechos, procedía o no iniciar el expediente sancionador.