El Gobierno dará explicaciones ante las Cortes por la crisis migratoria de Ceuta. Cuatro ministros del Ejecutivo de Pedro Sánchez comparecerán en el Congreso de los Diputados para informar, en el marco de sus competencias, sobre el incidente ocurrido en la frontera con Marruecos el pasado 30 de julio y su gestión en los días posteriores. Serán el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ministro de Exteriores, José Manuel Albares; la ministra de Defensa, Margarita Robles; y el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños.
El grupo parlamentario del PP registró este jueves las mismas solicitudes de comparecencia tanto en el Congreso como en el Senado. Así, el Gobierno de Sánchez ha decidido comparecer este mismo mes de agosto en la Cámara "constitucionalmente prevalente", el Congreso de los Diputados, "para evitar duplicidades y teniendo en cuenta la importancia y alcance de la cuestión", según precisan fuentes del ministerio de Presidencia y Justicia. De esta forma, tratan de comparecer tan solo en la cámara baja, para evitar la cámara alta, en la que el PP cuenta con mayoría absoluta.
El Gobierno propone a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que la ministra de Defensa comparezca el día 25 de agosto, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el día 27, y los ministros del Interior y Exteriores el día 28, en sus respectivas comisiones. Alrededor de un mes después del incidente migratorio en la ciudad autónoma española ubicada en el norte de África.
Sin embargo, el PP trata de forzar la comparecencia en el Senado de los cuatro ministros y les ha citado a mediados de agosto. A Marlaska lo citan el miércoles 12 de agosto, a Robles el jueves 13 y a Albares el lunes 17, todos a sus respectivas comisiones. En cuanto a Bolaños, quieren convocar la Comisión Mixta de Seguridad para que pueda dar explicaciones. Los populares consideran que "no pueden dar explicaciones un mes después de una de las crisis más graves que ha sufrido el país".
Paralelamente, el Ejecutivo español se prepara para repartir los menores migrantes que entraron en Ceuta y tienen derecho a una acogida, como ya pasó con la entrada masiva que se produjo en Canarias estos últimos dos años. El proceso durará semanas o meses y desde el PP, a pesar de las reticencias y la dependencia de Vox en la mayoría de las comunidades autónomas donde gobiernan, afirman que cumplirán la ley y facilitarán la parte de acogida que les corresponda. Así lo ha confirmado el vicesecretario popular Elías Bendodo: "El PP siempre cumple la ley", ha resuelto el dirigente del PP al ser preguntado, con motivo de las dificultades que pusieron con el reparto de los migrantes de Canarias y de su voto en contra a la ley para repartir cuando un territorio está tensionado por la presión migratoria.
Asimismo, la Policía Nacional, la Guardia Civil, Frontex y Europol monitorizan las redes sociales ante los rumores de un nuevo intento de paso masivo a la frontera de Ceuta el 15 de agosto. "Todo el mundo está muy vigilante", aseguró este jueves el portavoz de la Comisión Europea, Guillaume Mercier. El portavoz del ejecutivo comunitario ha recordado que se han reforzado las medidas de protección en Ceuta con la instalación de barreras físicas en el mar: "Esto implica que tenemos más información sobre lo que está pasando las 24 horas del día, los siete días de la semana". Además, ha añadido que algunas redes sociales ya han tomado medidas y han denunciado algunos hechos. Si finalmente hay un nuevo intento el 15 de agosto, Marlaska ha afirmado que pondrán "todos los recursos necesarios" para afrontar cualquier situación.
Desde el Gobierno sitúan el origen de esta crisis migratoria en la interpretación que las mafias de tráfico de personas hicieron de una sentencia del Tribunal Supremo que indicaba que no se podía expulsar los migrantes que llegaban a Ceuta nadando porque no había una frontera física. Esta es la tesis también del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), fuentes del cual advirtieron hace unos días que esta sentencia provocó "un efecto llamada". Los últimos días se ha instalado una barrera de boyas para marcar los límites de la ciudad en el mar y acabar con este vacío legal, que provocó una llegada masiva sin precedentes de más de 70.000 personas y un paso por la frontera que dejó alrededor de 70 muertos.
Por otro lado, continúa el movimiento a los juzgados alrededor del incidente, después de la denuncia presentada por el partido Iustitia Europa. La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha preguntado a la Guardia Civil si recibió alguna alerta antes de la entrada en Ceuta. Tardón también pregunta información sobre el dispositivo policial que se desplegó. Este lunes, el alto tribunal ya preguntó al Cuerpo Nacional de Policía que investigue si la llegada de migrantes fue "una acción concertada". Estos días posteriores al incidente ha habido controversia alrededor de que se sabía o no de la entrada masiva: fuentes del CNI han expresado que se avisó, mientras que Interior ha insistido que no recibieron ninguna información. La oposición ha criticado esta circunstancia, señalando que sí es cierto hay un problema de coordinación en el Gobierno entre ministerios.