El Gobierno no dará un paso atrás y ampliará el uso del castellano en la escuela, pero de momento, no sabe cómo hacerlo. Lo ha reconocido el portavoz Íñigo Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros este viernes, quien ha dicho que la iniciativa no era un "globo sonda" para presionar a los partidos independentistas en la formación de gobierno, sino que la medida estaba dentro de los planes del Ministerio de Educación. "Sin duda, lo haremos", ha sentenciado De Vigo, quien no ha ampliado información pues aún se busca "la fórmula".

La cuestión es que De Vigo ha reconocido que no se podía modificar la Ley 9/2009 del Parlament, que fija el catalán como lengua vehicular en la escuela. "El modelo lingüístico está en el Parlamento autonómico", ha expuesto. Por tanto, lo que la Moncloa estudia es dar cabida a varias sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, donde se establece que al menos el 25% de la formación tiene que ser en castellano. "Queremos combinar el derecho y el sistema educativo". ha añadido. "En la ejecución de esta ley hay espacio para cumplir las sentencias que derivan de ella", ha zanjado.

El hecho es que el ejecutivo piensa actuar por esta vía, ya que el 155 continúa en aplicación y consideran que si la Moncloa está en funciones, no pueden ignorar las sentencias de los tribunales –como sucedió con Sijena. "Está en el ánimo de este gobierno gestionar con pleno respeto a la ley, la libertad y los derechos de los padres, de un lado, y el correcto funcionamiento educativo, por otro". Es más, el Gobierno había presentado con anterioridad varias impugnaciones ante los tribunales en esa materia –que de momento no habrían tenido respuesta, según fuentes gubernamentales.

El tiempo apremia porque las preinscripciones escolares deberían hacerse entre marzo y abril, momento en que el ejecutivo debería tener la propuesta detallada. La idea del sindicato AMES, que es minoritario, o Sociedad Civil Catalana (SCC) es que la elección del castellano como lengua vehicular se haga mediante una casilla, ya que en la actualidad los padres lo deben pedir por escrito y la medida no resultó exitosa. Ahora bien, De Vigo insistió en que él no había hablado "en ningún momento" de una casilla y quiso desvincular la demanda de la fórmula para ampliar el castellano.

La medida amenaza con avivar la polémica porque varios sindicatos de profesores y asociaciones de padres se han posicionado en contra. Así las cosas, De Vigo dice que no necesita apoyo de nadie. El hecho es que el PSOE no lo ve con buenos ojos hacerlo mientras el 155 está en funciones. Tampoco el PSC, ya que la diputada Meritxell Batet, dijo que se cargaría el modelo de inmersión lingüística. También se oponen desde Podemos y el único que le da apoyo es Ciudadanos, quien incluso, quiere que Mariano Rajoy cambie la ley catalana con el 155 cuando pide hacer al castellano vehicular.