La ley de nietos es uno de los elementos protagonistas de esta precampaña electoral que empezó el lunes con la convocatoria de elecciones. Esta disposición adicional de la ley de memoria democrática ya había protagonizado muchos titulares en verano. Y ahora, la decisión del Supremo de paralizar la inscripción en el censo de los descendientes de españoles exiliados está en el centro de la polémica por las elecciones del 29N. Ahora, la Fiscalía ha pedido al alto tribunal que permita que los nacionalizados a través de esta ley puedan votar. Tanto la Abogacía del Estado como el ministerio fiscal se manifestaron en contra de la decisión de suspender las inscripciones en el CERA cuando el Supremo dio la razón a Vox e Iustitia Europa. Concretamente, la Fiscalía ha pedido que se levante la suspensión cautelar de los votos a los nacionalizados, considerando que, a raíz de la convocatoria electoral, hay "serias dificultades" para cumplir con la suspensión cautelar, según explican fuentes del ente.
En este sentido, recuerdan que, "por razones de seguridad jurídica y de legalidad, el censo que se utiliza para estos comicios está cerrado a día 1 de agosto, con mínimas posibilidades de modificaciones". Ante este hecho, la Fiscalía ha sugerido a la sala que "no se hagan estas acciones del censo al menos durante este procedimiento electoral". La ley de memoria democrática hace años que se aprobó en el Congreso, pero la polémica ha ido en aumento a medida que se acercaba la fecha de las elecciones y PP y Vox han ido clamando contra un posible pucherazo electoral con una modificación del censo a criterio de Pedro Sánchez a través de la incorporación de personas que se han nacionalizado a través de la conocida como ley de nietos. Vox lo llevó a los tribunales, pero el PP, que tiene la cuerna puesta contra el voto por correo, no. Según explican fuentes de la Fiscalía, también se ha vuelto a trasladar al Supremo la necesidad de que se dé la oportunidad de personarse en el procedimiento a aquellas personas afectadas por las medidas cautelares para que puedan "defender sus intereses". Es decir, aquellas personas que se habían nacionalizado a través de la ley y, ahora mismo, aún no saben si podrán votar en las elecciones del 29 de noviembre.
La propuesta de Iustitia Europa
Iustitia Europa, uno de los partidos que llevaron esta ley a los tribunales, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que el Tribunal Supremo suspenda las elecciones del 29N, ya que, desde la Abogacía del Estado, han planteado que es imposible que se puedan revisar los expedientes en tan poco tiempo. Ante esto, Iustitia Europa afirma que "la suspensión temporal de la votación preserva el resultado útil de la tutela cautelar y protege simultáneamente la integridad y la legitimidad del proceso electoral". En el caso de que el Supremo considere "desproporcionada" la paralización de los comicios del 29 de noviembre, la formación pide que se tomen medidas para garantizar la "trazabilidad" de los 163.020 votos de los descendientes de exiliados que obtuvieron la nacionalidad a través de la ley de nietos.