La Fiscalía del Tribunal de Cuentas (TCu) sostiene que es insuficiente que la ley de amnistía por el procés haya sido aprobada inicialmente por el Congreso de los Diputados para frenar cualquier caso que esté incluido. Por eso, el fiscal ha pedido al Tribunal de Cuentas que condene a los presidents Artur Mas y Carles Puigdemont y al entonces vicepresident Oriol Junqueras, además de otros excargos, a devolver a la Generalitat 883.695 euros gastados para organizar el 1-O del 2017 y 2.208.503 euros más por la promoción de Catalunya en el exterior entre los años 2011 al 2017, según el escrito de conclusiones presentado este martes. En total, 3.092.198 euros, que Sociedad Civil Catalana eleva a más de 5 millones de euros.

"La transformación de una proposición de ley en una norma que extinguirá la responsabilidad contable que aquí se dilucida es un hecho futuro y no exactamente incierto, pero tampoco dotado de una certeza plena, al desconocer la fecha de entrada en vigor de la ley y su exacto contenido y alcance", afirma el fiscal Manuel Martín-Granizo, para mantener su petición de condena, después de que el Tribunal de Cuentas reactivara esta causa y diera 10 días a las acusaciones para presentar sus conclusiones. Ahora las defensas de los 35 demandados de Junts y ERC tendrán que tener el mismo tiempo para presentar sus escritos exculpatorios. Y después, el TCu tendrá que dictar sentencia, con lo cual la ley de amnistía podría estar ya en vigor (se prevé a finales de mayo), y esta reclamación tendría que anularse.

Responsabilidad del president Puigdemont

En el escrito de conclusiones, el fiscal afirma que considera "acreditada la responsabilidad contable del president Carles Puigdemont por su condición de responsable máximo de la Generalitat", y de los consellers condenados por el Tribunal Supremo por malversación de fondos al haber aprobado gastos en sus departamentos, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull. Añade que en la demanda ante el TCu se ha excluido a los consellers que fueron absueltos de malversación por el alto tribunal español; y, como el Supremo, también mantiene la reclamación a los dos consellers en el exilio y con gastos por el 1-O: Toni Comín, en Salut, y Lluís Puig, en Cultura.

 

Para la organización del referéndum, el fiscal declara que ha quedado probada la existencia de un "menoscabo real y efectivo" del gasto de 883.695 euros que tienen que devolver a la Generalitat. Al final, en estos gastos supuestamente indebidos, el fiscal ha retirado la factura de las obras del call center, al ver que eran anteriores y no solo por el 1-O; un millón de euros en sobres a Unipost, que no fueron pagados, y también la campaña de Civisme, pero solo el gasto incluido por los anuncios emitidos por la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

Promoción en el extranjero

En cuanto a la promoción exterior, el fiscal afirma que la responsabilidad contable de los presidents Mas y Puigdemont "deriva de su participación y dirección de todos los proyectos, estrategias y procedimientos necesarios para desarrollar relaciones y actividades en el ámbito internacional, excediendo los límites de la promoción en el exterior de los intereses del conjunto de Catalunya, que el artículo 4 de la Ley de Acción Exterior (LAE) permite a las comunidades autónomas". Y en estos 2,2 millones de euros reclamados, el fiscal incluye desde a la invitación de expertos a las acciones del Diplocat, hasta entonces no cuestionadas.