La Fiscalía de Barcelona pide la absolución del escopetero y de los tres mandos de la policía española (un inspector y dos subinspectores), acusado de dar la orden de disparar pelotas de goma contra la ciudadanía y de impactar uno de los proyectiles en Roger Español, que le mutiló el ojo derecho el 1-O de 2017, según el escrito al cual ha tenido acceso ElNacional.cat, este miércoles. La fiscal Alejandra García sostiene que la orden de disparar pelotas de goma fue "genérica" y que el uso de la fuerza fue gradual después de "no funcionar la mediación a través de un bombero" -según indica- con unos 600 a 800 ciudadanos que seguían, gritando y tirando objectos, a unos 40 agentes, que "quedaron bloqueados" en la calle Sardenya de Barcelona y que finalmente pudieron marcharse al herir de gravedad al activista. La fiscal pide que se les aplique la eximente completa de responsabilidad penal por "cumplido del deber".

"El escopetero no podía desobedecer la orden de disparar porque no era manifiestamente ilegal", afirma la fiscal en su escrito. Inicialmente, la Fiscalía pidió la aplicación de la amnistía a los cuatro agentes de la policía española, que la Audiencia de Barcelona rechazó, al asegurar que la ley no permite el perdón en los casos de pérdida o afectación de un órgano vital, como es el caso de la grave lesión de Español. Por eso, ahora, la Fiscalía pide su eximente total de responsabilidades penales.

Elevadas penas de prisión

Los cuatro policías serán juzgados con la acusación particular de Roger Español y las acusaciones populares de Òmnium y la ANC. Irídia, que lleva la acusación de Español, reclama que el escopetero y sus superiores sean condenados a 13 años de prisión por el delito de lesiones con pérdida de órgano (9 años de prisión) y por el delito de tortura (4 años), con la agravante de prevalencia de cargo público. También reclama que lo indemnicen con 320.632 euros, y que el Ministerio del Interior sea responsable civil subsidiario. La abogada de la ANC, Esther Palmés, pide que los agentes sean condenados a 12 años de prisión. Ahora, la sección 2.ª de la Audiencia de Barcelona tiene que fijar la fecha del juicio.

"No usaron potes de humo ni lacrimógenos" y sin detenciones

En el escrito, totalmente exculpatorio, la fiscal explica que cuando los agentes, con las urnas del 1-O de la escuela Ramon Llull, se iban por la calle Sardenya intentaron a través de un megáfono que la ciudadanía les dejara ir hacia las furgonetas. También usaron  la mediación de un bombero, "que les respondió que la gente no se movería de allá" -según la fiscal- y  las salvas (ruido sin proyectil). Finalmente, "agotados los medios menos lesivos", el inspector, jefe del grupo, ordenó a los 10 escopeteros disparar proyectiles de goma. Dispararon 17 pelotas al suelo, aunque  a muy poca distancia de los concentrados, y una de ellas rebotó e impactó en la cara de Roger Español, a una distancia de 14,12 metros.

La representante del Ministerio Público, también explica que  aquel día, los cuerpos policiales, recibieron la orden de la magistrada del TSJC de parar el referéndum -a pesar de que sin causar daños-, que la policía española actuó en 27 centros de votación de Barcelona, y que "no usaron ni potes de humo ni lacrimógenos", a pesar de que se recoge en su protocolo de actuación.

Otra medida exculpatoria expuesta por la fiscal es que "se dio la orden  de no practicar detenciones, a pesar de que no se ha podido concretar desde qué nivel de mando se dio" y que por eso "los agentes intervinientes no practicaron detenciones a ciudadanos, a pesar de que estos pudieran incurrir en actos incardinados en tipos penales de desobediencia o atentado contra agentes de la autoridad". También recuerda que la policía española no tenía la prohibición de disparar pelotas de goma, como sí que la tiene el cuerpo de los Mossos de Esquadra desde el 2014.

"Campo de visión cercenado" 

Además, la fiscal sostiene que la orden de disparar era "legal" y que el agente que hirió Español "en el momento de disparar tenía su campo de visión parcialmente cercenado a causa de la presencia otros dos agentes de la policía justo delante él" y añade que "nunca se representó como probable el resultado lesivo que se produjo, eventualidad, que no llegó a asumir ni aceptar mentalmente como  riesgo serio y elevado". La fiscal concluye: "Disparó en cumplimiento de una orden trasladada por un cauce reglamentario y que no podía desobedecer al no tratarse de una directriz manifiestamente ilegal." Por todo ello, pide una sentencia absolutoria.