La fiscalía se opone a dejar que Joaquim Forn pueda salir de prisión para asistir a los plenos como concejal del Ayuntamiento de Barcelona.

El ministerio público tiene miedo de que Forn pueda reactivar todo el procés y llegar a la independencia desde la oposición del Ayuntamiento de la capital catalana: "Un permiso penitenciario como el que se solicita pondría en riesgo la vigencia del ordenamiento jurídico en un contexto social y político similar a aquel en que actuó el investigado y alteraría muy probablemente la convivencia ciudadana".

La fiscalía apela al artículo 384 bis para suspender los derechos de función pública de Joaquim Forn porque hizo "actividades previas que constituyen un desafío al estado de derecho".

Fidel Cadena firma el escrito que defiende que ante "el conflicto de intereses y de derechos entre el legítimo ejercicio del derecho fundamental de participación política, con los principios y valores constitucionales que le son inherentes, y los bienes jurídicos que tutelan las normas penales que han estado presuntamente infringidas por el investigado", la opción es no dejarle salir de prisión.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, presentó una carta escrita facilitando las medidas que se tuvieran que adoptar a la hora de hacer el traslado de Joaquim Forn al Ayuntamiento de Barcelona, así como todo lo necesario para garantizar la custodia del detenido, pero el escrito de la fiscalía no da ningún margen: "No resulta factible compatibilizar la asistencia al pleno del Ayuntamiento con la cumplimentación de los fines de la prisión provisional, y más en concreto con la conjuración del grave riesgo de reiteración delictiva, a causa de las incitaciones que el mismo investigado y el resto de procesados realizaron en su día en el curso de su actividad política, al incumplimiento general del ordenamiento jurídico estatal y autonómico y a la implantación de una vía unilateral de independencia que llevaba necesariamente desde la violencia típica a la fracturación territorial de Catalunya del resto del Estado en que se encuentra integrada".

Ahora el tribunal de la Sala Segunda, el mismo que lo juzgó, con Manuel Marchena al frente, tendrá que tomar una decisión.