La Fiscalía Anticorrupción pide penas de hasta 8 años y 9 meses de prisión para 2 excargos de gobiernos de CiU en la Generalitat y 15 empresarios por haber falseado contratos de obra pública para favorecerlos y evitar la libre competencia. El fiscal José Grinda afirma que ciertas empresas de ingeniería, en torno a la Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultoría Independientes de Catalunya (Asinca), configuraron durante los años 2008 en el 2015 "un cartel colusorio, al cual llamaron Nuria Bofill, para pactar los precios que utilizarían en sus propuestas en los concursos públicos licitados por unas ciertas administraciones y empresas públicas", según recoge el escrito de acusación avanzado este martes por El Periodico y confirmado por ElNacional.cat.
Los principales acusados son Josep Lluís Quer Cumsillé, entonces presidente de la empresa publica Gestión de infraestructuras (GISA) y Josep Antoni Rosell, entonces director general de GISA, que después se diría Infraestructures de la Generalitat de Catalunya. El fiscal pide para Quer y Rosell 8 años y 9 meses de prisión por organización criminal (6 años de prisión e inhabilitación), un delito continuado de fraude en la administración pública (2 años y 9 meses de prisión e inhabilitación) y prevaricación (9 años de inhabilitación a cargo público). También considera como líderes en Asinca a Josep Arderiu Freixa y Tomàs Blay Cisa para los cuales pide la misma pena de 8 años y 9 meses de prisión. El juicio se tiene que celebrar en la Audiencia Nacional, en Madrid.
Los empresarios acusados
El resto de procesados son responsables de empresas de ingeniería a quien el fiscal pide para cada uno de ellos 6 años y 3 meses de prisión, inhabilitación a cargo público, e inhabilitación para recibir subvenciones o ayudas de las administraciones y de la Seguridad Social durante 4 años. Son: Josep Secanell Nadales; Albert Palou Soler; Pere Roda Altes; Joan Antoni Domingo Mestre; María Loreto Casas García; Ángel Manuel Ares Montes; Álvaro Palao Llopis; Ramón Rabell Torello; Xavier Montobbio Camprobí; Jaime Llongueras Mestres; Carles López Carreras; Albert Casajuana Palet, y Xavier Minguillón Cebrián.
Los contratos en las empresas públicas
En el escrito de acusación, el fiscal Grinda manifiesta que los empresarios acusados "acordaron durante años las normas y directrices a seguir cuando optaban a licitaciones de ciertas administraciones, con el objetivo de evitar la libre competencia, y así obtener un contrato más beneficioso que el que habrían obtenido en igualdad de condiciones," y más si cada mercantil iba por separado. Añade que este pacto se usó en contratos en GiSA y Riegos de Catalunya, S. A (REGSA), y se extendió la Agencia Catalana del Agiua (ACA), Aguas del Ter Llobregat ("ATLL"), el Ajuntamient de Barcelona, Consorcio de Aguas de Tarragona (CAT), Túneles y Accesos de Barcelona, S. A. C. (TABASA), Infraestructuras Ferroviarias de Catalunya (IFERCAT), o al Servicio Territorial de Carreteras y Ferrocarriles de la Generalitat.
Detalla que Infraestrutures de la Generalitat modificó su forma de organización desde mayo del 2016 y el proceso de valoración de los concursos públicos solo dependían de Quer y Rosell, los cuales sostiene que "manipulaban todo el proceso de adjudicación de contratos". Asegura que con el pacto entre empresarios y los dos altos cargos de la Generalitat "resultó perjudicado el patrimonio público porque las empresas decidían, bajo el control de Quer y Rosell, en qué nivel quedaría situado el precio de adjudicación y, por tanto, las exclusiones por baja temeraria, con los consiguientes perjuicios para los intereses patrimoniales públicos."
Adjudicaciones con una rebaja del 8%
El fiscal detalla hasta 9 expedientes de adjudicaciones bajo sospecha. El primero es el de un contrato para la redacción de un proyecto para el desdoblamiento de la carretera C-66, con el enlace a la Autovía A-2", en Sant Julià de Ramis. En el 2012, precisa que fue adjudicada a la UTE formada por Auditorías e Ingenierías y GPO Ingeniería por 1.032.325 euros, sin IVA. El fiscal sostiene que esta cuantía implicó una reducción de entre un 8,8 y un 9%, que "es el que recogía el pacto colusorio", del cual formaban parte estas empresas.
En un segundo caso, detalla el contrato para realizar un estudio informativo de la prolongación de la línea Llobregat-Anoia de los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya, en el tramo plaza de España-Gracia. La adjudicación se hizo por procedimiento abierto, en el 2011, y se adjudicó a la UTE Auditorías e Ingenierías y GPO Ingeniería por un importe de 556.000 euros, sin el IVA; y también con una rebaja de un 9% del precio inicial. Hay otras empresas en estas adjudicaciones bajo sospecha, como Consultoría de Ingeniería Civil, S. A. y Dopec, SL.