El fiscal del Juzgado de Instrucción número 15 de València ha solicitado la absolución de Mónica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana y exconsellera de Igualtat i Polítiques Inclusives, así como la de los otros catorce procesados en la causa que investiga la gestión institucional del caso de abusos sexuales a una menor tutelada por parte de un monitor que había sido marido de la dirigente de Compromís. Según la Fiscalía, no existen indicios que permitan sostener la existencia de una infracción penal por parte de Oltra en relación con el presunto encubrimiento de los hechos, que tuvieron lugar mientras ella estaba al frente de la Conselleria de Igualtat. Tanto el juez como el representante del Ministerio Público ya habían archivado previamente la causa por falta de fundamento penal, pero la Audiencia Provincial de València obligó a reabrirla el 20 de junio de 2024 después de revisar el procedimiento.

En su informe, el fiscal Jaime Cussac concluye de manera contundente que los hechos investigados "no son constitutivos de ninguna infracción criminal". Esta afirmación implica no hay base jurídica para sostener ninguna acusación penal contra Oltra ni contra el resto de personas investigadas en la causa. El escrito también especifica que, en consecuencia, "no proceden pronunciamientos relativos a participación, circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, penas o responsabilidades civiles". En términos prácticos, el documento representa una petición de absolución para todos los implicados y refuerza la tesis defensiva que niega cualquier encubrimiento o irregularidad en la gestión institucional del caso.

La causa contra Oltra y una docena de cargos y funcionarios de su departamento ha vivido un recorrido judicial marcado por los altibajos. El pasado mes de abril, el Juzgado de Instrucción número 15 de València decidió archivar la investigación al considerar que no existían indicios que la exvicepresidenta hubiera encubierto los abusos cometidos por su exmarido, el educador conocido como L. R. Icardi, en un centro de menores bajo tutela de la Generalitat Valenciana. Icardi, por su parte, ya fue condenado a cinco años de prisión por aquellos hechos.

Dos meses después del archivo, la Audiencia Provincial de València decidió reabrir la causa, acogiendo los recursos presentados por la víctima de los abusos y por las dos acusaciones populares personadas en el procedimiento: Vox y la asociación Gobierna, vinculada al activista de extrema derecha Cristina Seguí. En su auto, el tribunal consideró que había indicios "plausibles" que podrían apuntar a la comisión de delitos y advirtió que no se podía descartar la posible existencia de una infracción penal. En este escenario, la víctima —menor de edad cuando ocurrieron los hechos— reclama una pena de tres años y medio de prisión y doce años de inhabilitación para Oltra. Esta misma petición ha sido formulada también por Vox.