La comisión para investigar la presunta financiación ilegal del Partido Popular arrancaba este miércoles con la misión de fijar una agenda de trabajos y comparecencias, entre las cuales sonaba la del presidente Mariano Rajoy. Así las cosas, los grupos no se han puesto de acuerdo durante el encuentro y se han emplazado al 7 de junio para tomar la decisión. El Partido Popular tiene un interés en que el jefe del gobierno sea "el primero", al par que Ciudadanos y Unidos Podemos quieren que lo haga al final de los trabajos –una vez estudiada la documentación– mientras el PSOE prefiere que sea al inicio.

"El señor Rajoy es el máximo responsable del PP y tiene que dar explicaciones en esta cámara" ha dicho la diputada socialista Isabel Rodríguez a la entrada de la reunión, recordando la vez en que el líder del partido compareció en el Senado, en 2013. El PSOE llegaba con un extenso plan de trabajo que pasa por citar a más de 50 cargos del partido, entre los cuales también está el expresidente José María Aznar. Rodríguez ha asegurado que ellos también aprobarían que Rajoy volviese al final de todo, aunque más tarde el diputado de Cs, Toni Cantó, ha afirmado que populares y socialistas tendrían un pacto para que lo hiciera al principio.

La fecha es importante en términos mediáticos, ya comparecer antes del verano, o cerca del periodo estival, implica que muchos ciudadanos estarán de vacaciones y no podrán estar atentos al presidente. En segundo lugar, el desacuerdo podría servir de estrategia al ejecutivo para esperar a que Rajoy declare en calidad de testigo en sede judicial –por la trama Gürtel–. Tanto en la cámara baja, como ante el juez, está obligado a decir la verdad, pero el formato pregunta-respuesta que los grupos han pactado –único acuerdo alcanzado– podría ser especialmente incisivo y llevarlo a revelar información antes del juicio. 

La cuestión es que el vicesecretario de organización y coordinador general de los populares, Fernando Martínez Maíllo, ha dicho que no pondrían trabas para que Rajoy asistiera. "Firmamos el pacto y votamos a favor de la comisión, pero no queremos que esto se convierta en una causa general contra el PP", ha afirmado Maíllo. El hecho es que Rajoy se vio obligado a firmar este pacto anticorrupción dentro del paquete que Cs puso como condición para su "sí" en la investidura. Más tarde, el gallego intentó esquivar su aplicación, pero la formación naranja se alió con PSOE y Unidos Podemos, lo que forzó al PP a secundarlo.

La oposición podría llegar a un entendimiento. Cs dice que mantendrá la propuesta de comparecer al final de los trabajos, la formación morada se muestra de acuerdo a priori también. Lo que Maíllo descarta son dos comparecencias de Rajoy, aunque asume que es decisión de la comisión, pero sí muestra sus reticencias a que sea al final de esta. "Estamos dispuestos a que sea el primero" ha repetido en muchas ocasiones el popular, quien ha tildado "de obsesión enfermiza de la izquierda" la voluntad de que Rajoy declare en el Congreso.

La segunda discrepancia importante emerge porque PSOE y Podemos quieren que se investigue incluso al PP previo a Rajoy (2003), desde los orígenes, lo que los populares no quieren. "Siempre ha habido un límite" dijo Maíllo recordando casos de corrupción de los socialistas. Cs no se cerraría a la idea de los primeros, pese a que ahora está con el PP.

Otros comparecientes

No todos los grupos llevaban un programa detallado, y el del PSOE se ha erigido como el más extenso –aunque queda a decisión de los partidos decidir sobre ello-. Estos quieren que además de Rajoy y Aznar, también vayan la ministra de Defensa María Dolores de Cospedal, los exministros Ángel Acebes, Rodrigo Rato, Francisco Álvarez-Cascos, Ana Mato, Javier Arenas; los extesoreros del Partido Popular, Luis Bárcenas y Rosendo Naseiro, así como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, Esperanza Aguirre, Ignacio González y Francisco Granados.

Unidos Podemos comparte casi la totalidad en su programa, pero la portavoz Irene Montero ha manifestado el disgusto porque hace un mes se puso en marcha la comisión, que tiene un tiempo limitado –plazo de tres meses–. Por eso dice que quieren pedir una prórroga de tiempo.