Filibusterismo en el Parlament. Los grupos parlamentarios de Ciutadans y el Partido Popular han anunciado hoy que han registrado una solicitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries con respecto a la nueva ley catalana antidesahucios que tenía que votarse mañana mismo en el pleno de la Cámara catalana. El líder de Ciutadans en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha criticado la medida legislativa porque, asegura, pretende "seguir fomentando la ocupación" y "favorecer la permanencia de los ocupas a costa de los propietarios".
Pero la decisión de las dos formaciones españolistas ha generado críticas desde los grupos de izquierdas. El diputado de Esquerra Republicana Pau Morales ha denunciado lo que considera una muestra de "filibusterismo parlamentario" por parte del PP y Cs contra el derecho de la vivienda. "Intento in extremis de detener su aprobación", ha dicho en un tuit. También el diputado de la CUP Xavier Pellicer se ha referido, considerando un "escándalo" que se quiera parar la normativa, pero no los sorprende: "No podemos esperar otra cosa de grupos que defienden los intereses del capital y del Ibex-35".
Similarmente, la diputada de los comuns Susanna Segovia también ha denunciado el intento de "filibusterismo parlamentario" de las dos formaciones españolistas, que tiene por único objetivo retrasar todo el proceso legislativo. "Ciutadans y el Partido Popular están intentando evitar que una ley con un consenso muy amplio pueda ser vigente".
¿Pueden hacerlo?
Pero está la duda de si los dos grupos parlamentarios pueden pedir un dictamen al Consell: la normativa parlamentaria remarca que sólo pueden pedirlo grupos con un 10% de los diputados totales de la Cámara (tendrían que ser 14, una cifra que no cumple ni Cs ni el PP), o si dos grupos parlamentarios diferentes lo piden conjuntamente. Sin embargo, podría no prosperar, porque los populares, con tres diputados, forman parte del grupo mixto y, formalmente, no tienen grupo propio.
Así lo ha recordado, de hecho, Segovia, que ha afirmado que esta medida busca, precisamente, que "no sea una minoría poco representativa" la que impida la tramitación de una ley. "Estamos esperando la respuesta de los letrados del Parlament, que están estudiando los hechos", y ha exigido a los naranjas y a los populares que retiren la solicitud del dictamen. Carrizosa también se ha referido, afirmando que creían que podían impulsar la medida con el grupo mixto. "Si hubiera algún problema, hablaríamos con otros grupos".
Consenso en la nueva ley
ERC, Junts, CUP y comuns -con la celebración de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH)- llegaron a un acuerdo para elaborar una nueva ley catalana antidesahucios y superar así el veto que el Tribunal Constitucional declaró contra la primera norma. Así, acordaron un borrador para una nueva ley de emergencia habitacional, que tendrá que sustituir el decreto catalán de vivienda anulada hace un año. El alto tribunal tumbó el 28 de febrero el decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, impulsada en el 2019 por el Gobierno, que obligaba a grandes propietarios a ofrecer alquiler social a las personas vulnerables que ocupen ilegalmente una vivienda.
Después de este veto los partidos pudieron cerrar en ponencia conjunta un nuevo acuerdo que fue negociado con la PAH, plataforma que celebró este nuevo acuerdo y lo situó como un nuevo paso adelante, y explicó en un comunicado que la nueva ley garantizará que se recuperen las medidas de alquiler social anuladas por el TC. "De hoy hasta la votación final, continuaremos atentas hasta que se apruebe y, después, exigiremos que se aplique desde el primer día al 100%. No permitiremos que los grupos que mantengan enmiendas torpedeen la ley".