El PP prepara una iniciativa de ley orgánica para regular los supuestos en que se podría retirar la nacionalidad española a personas nacionalizadas que cometan delitos graves. Alberto Núñez Feijóo ha situado entre estos casos la pertenencia a bandas criminales o terroristas y la reincidencia en delitos como abusos sexuales, violaciones o asesinatos. El líder popular ha defendido este martes en Madrid que la concesión de la nacionalidad es "un acto de confianza de un Estado" hacia una persona nacida fuera de España. Según Feijóo, esta confianza se debe mantener en el tiempo y requiere "un mínimo de requisitos de conducta".
La propuesta que prepara el PP pretende modificar la regulación de la nacionalidad en el Código Civil para concretar su otorgamiento, el mantenimiento y, en su caso, la pérdida. Feijóo ha asegurado que la reforma se inspira en el ordenamiento jurídico de otros países de la Unión Europea y ha afirmado que quiere poner fin a la "frivolidad" con que, a su parecer, a veces se conceden nacionalizaciones en España. Feijóo ya había avanzado esta reforma del Código Civil el pasado julio, cuando defendió que "el pasaporte se debe merecer" y reclamó cambios en los criterios de nacionalización.
"Cuando la persona a quien hemos otorgado la nacionalidad pertenece a una banda criminal, a una banda terrorista, es reincidente en delitos graves como abusos sexuales, violaciones o asesinatos, lógicamente, debe saber que esta confianza se rompe y que la nacionalidad será retirada", ha afirmado Feijóo. El líder del PP sostiene que la propuesta busca concretar legalmente los supuestos de pérdida de la nacionalidad para que, según ha afirmado, "todo el mundo sepa a qué atenerse".
La contundente respuesta del Gobierno
La iniciativa ha recibido el rechazo del Gobierno. El ministro de Transportes, Óscar Puente, la ha calificado de "absolutamente descabellada" y ha atribuido el anuncio a la "desesperación" del líder del PP. Puente también ha cuestionado la distinción entre ciudadanos según el origen de su nacionalidad y ha planteado qué pasaría con los españoles que cometieran delitos.
Fuentes gubernamentales citadas por Europa Press consideran que la medida podría afectar a personas nacionalizadas que llevan muchos años viviendo en España y tienen un fuerte arraigo. El ejecutivo sostiene, además, que la legislación actual ya prevé mecanismos para expulsar a extranjeros que delinquen antes de que lleguen a cumplir las condiciones necesarias para obtener la nacionalidad.
La portavoz del Gobierno español, Elma Saiz, ha añadido que el ejecutivo afronta la situación "desde la legalidad y la humanidad" y ha acusado al PP de situar sus "intereses partidistas" por delante de la gestión de la crisis. Según Saiz, las medidas propuestas por los populares "van en contra de la ley y de los derechos humanos".