La falta de investigaciones judiciales en 18 crímenes del franquismo y la transición ha provocado la preocupación de cuatro relatores de las Naciones Unidas, que han señalado directamente a España por haber incumplido sus obligaciones internacionales en derechos humanos a raíz del archivo de la generalidad de querellas por hechos que se cometieron durante la dictadura. A mediados de febrero, estos cuatro relatores enviaron una comunicación al Gobierno donde subrayaban que "mientras el Estado español no inicie investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante el período franquista, estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos". En el pronunciamiento, los relatores recuerdan que “el derecho internacional no permite aplicar plazos de prescripción o causas de extinción de la acción penal, como las amnistías, a los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones de derechos humanos” y que, todo ello, puede comprometer la responsabilidad del Estado en su conjunto.
Las peticiones de las entidades
Esta preocupación expresa de los relatores sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes proviene de una comunicación presentada por Irídia y la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo (CEAQUA). El pasado diciembre, estas dos entidades presentaron una comunicación conjunta ante este primer relator, denunciando la responsabilidad internacional del Estado por la “falta de investigación judicial efectiva de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura franquista”. Según indican las organizaciones, se incluían 18 casos denunciados desde la entrada en vigor de la ley de memoria democrática, que ha tenido más sombras que luces desde su aprobación en 2022. En el texto, los relatores piden información detallada sobre las querellas iniciadas y que se justifique cómo “las decisiones judiciales de archivo se ajustan a los estándares internacionales”.
Las entidades que presentaron la queja celebran este “mensaje claro a las instituciones españolas”, ya que reprocha al poder judicial que esté “obstaculizando el acceso a la justicia” de las víctimas, y recuerda al Gobierno “que la falta de investigación de estos casos implica su responsabilidad internacional”. En este sentido, piden, entre otras incidencias, “que se derogue la ley de amnistía de 1977 y que se reforme el Código Penal para incluir el principio de legalidad internacional e imprescriptibilidad del delito de tortura”.