La diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, ha presentado un recurso de amparo al Tribunal Constitucional (TC) para que anule la sentencia sel Tribunal Supremo que la condenó a pagar una multa de 13.500 euros por un delito de desobediencia grave por haberse negado a contestar las preguntas de Vox en el juicio contra los independentistas catalanes, según ha informado este miércoles al partido antisistema. En concreto, la cupaire alega que se le han vulnerado derechos fundamentales, como el derecho a la tutela judicial efectiva y la presunción de inocencia, el derecho a la legalidad penal, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad ideológica y de conciencia. En el recurso, la diputada también denuncia "la connivencia del poder judicial con la extrema derecha" y reitera que "se castiga a Reguant por hacer objeción de conciencia a responder a la acusación de la extrema derecha", que era acusación popular en el juicio contra los líderes independentistas catalanes.
La Fiscalía pedía que Eulàlia Reguant fuera condenada a seis meses de prisión y seis más de inhabilitación a cargo público. La CUP tenía asumido que Reguant tendría que dejar el acta de diputada, como le pasó a Pau Juvillà, castigado a inhabilitación, y que tuvo que dejar el acta a instancias de la JEC, aunque la condena no fuera firme. El octubre pasado, el Tribunal Supremo sorprendió a todo el mundo y solo la condenó a pena de multa, ya que la pena de prisión implica obligatoriamente la de inhabilitación. El tribunal aseguró que para respetar el derecho de participación política que invocaba Reguant, la condenaba a una pena de multa de 9 meses a 50 euros diarios, fijados con base a su sueldo de parlamentaria. La cupaire se salvaba así del agravio sufrido por el exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez, expulsado por el Congreso a instancias del Supremo.
El doble castigo impuesto
En la vista, el abogado de Reguant, Daniel Amelang, insistió en que se la castigaba dos veces por los mismos hechos, acción prohibida, ya que el tribunal, presidido por Manuel Marchena, ya la castigó a una multa 2.500 euros por su acción de desobedecer en el tribunal. El tribunal consideró que esta acción es legal porque es una falta y no un delito. Amelang también lo expone ahora en el recurso al TC, como uno de los derechos vulnerados. Y añade que la actuación de la diputada de la CUP está "amparada por el artículo 418 de la LECrim", que establece que: "Ningún testigo podrá ser obligado a declarar sobre una pregunta cuya contestación pueda perjudicar material o moralmente y de una forma directa e importante, a la persona o algunos de sus parientes". También recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha desarrollado el contenido del derecho a la libertad de expresión de "forma especialmente central como derecho democrático".
Acto contra la extrema derecha
La CUP también ha anunciado que para "denunciar la normalización de la presencia de la extrema derecha en los organismos de justicia del Estado Español", el lunes 12 de diciembre, se hará una mesa redonda bajo el título La protección judicial a la extrema derecha, en la que, además de la diputada cupaire, participarán Antonio Baños -condenado a cuatro meses de prisión por la misma causa, castigo que también ha recurrido- y el fotoperiodista Jordi Borràs. El acto, organizado por el grupo de apoyo a Eulàlia Reguant, hará a las siete de la tarde en el edificio histórico de la Universidad de Barcelona.