La Agencia Española de Protección de Datos ha comunicado una propuesta de sanción de 7.000 euros al medio de comunicación La Directa por haber publicado información de agentes de la policía española infiltrados en movimientos sociales e independentistas catalanes entre los años 2022 y 2023. Así lo han denunciado Jesús Rodríguez, periodista de La Directa, y Sònia Olivella, abogada y coordinadora de litigios estratégicos de Irídia - Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, este miércoles en el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Cuatro agentes de la policía española denunciaron la vulneración del derecho a su intimidad, que inicialmente la Agencia desestimó, pero en su recurso de ponderación con el derecho de la información, la presidencia de la Agencia ha aceptado y hace esta propuesta de sanción, contra la cual el medio ahora presentará alegaciones. En la propuesta de sanción, la entidad española también exige a La Directa que en diez noticias pixele las caras de los agentes e incluso elimine sus nombres y DNI falsos que usaban y toda relación de su formación en la academia de Ávila. "Eran agentes infiltrados por orden de la Comisaría General de la Policía, no de ninguna investigación judicial", ha denunciado Rodríguez, que ha asegurado que es un "acto de censura del Estado español", que puede afectar a más medios de comunicación.
El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, y el abogado de Alerta Solidària, Xavier Monge, han asistido al acto para apoyar a los periodistas de La Directa, además de otras entidades sociales catalanas. Elisabet Borreda, copresidenta del Grup de Periodistes Ramon Barnils, también ha denunciado la vulneración del derecho a la información. Además, se ha impulsado un manifiesto de apoyo y una recogida de donativos para sufragar las acciones jurídicas.
Contra el mandato europeo
La abogada Sònia Olivella ha explicado que la resolución de la Agencia española de Protección de Datos "va en contra del mandato del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ordena proteger al periodista si la información publicada es de interés público", como es el caso de los infiltrados españoles.
Olivella ha expuesto la contradicción que hace el mismo organismo español porque permite publicar imágenes de policías infiltrados en el Reino Unido, donde el gobierno de este país "pidió disculpas a los afectados" y facilitó todos los datos. "Es un ataque al derecho a la información", ha manifestado la responsable de Irídia, que ha detallado que por ahora no les permiten acceder al expediente ni saber los agentes que han denunciado al medio catalán.
Pendientes del TC
Paralelamente a este caso, Irídia y Alerta Solidària han denunciado las infiltraciones policiales, que inicialmente negaba el Ministerio del Interior, en los juzgados, y ninguna querella ha sido admitida. Olivella ha informado de que todavía se espera que el Tribunal Constitucional responda si admite el recurso de amparo presentado el pasado febrero por el activista Òscar Campos, la CUP, Òmnium Cultural, la Associació Ateneu Popular de Girona, la Associació No al Racisme de Girona i Salt y la Federació d'Entitats Socioculturals de Salt contra la decisión judicial de inadmitir la querella que interpusieron contra María Isern, la agente del Cuerpo Nacional de Policía que se infiltró en el movimiento independentista y social de Girona.