España no quiere perder la oportunidad que el Brexit supone para atraer la posible fuga de empresas financieras y otras instituciones económicas y reguladoras europeas asentadas en el Reino Unido. La Generalitat se había adelantado al Estado central, mostrando este miércoles la predisposición a acoger las compañías que abandonen la City y "visualizar" que Catalunya es un buen lugar para invertir. Y el Gobierno español se ha sumado a esta senda y este viernes ha aprobado en Consejo de Ministros la creación de un grupo de trabajo destinado a estos efectos.

España estudia qué consecuencias económicas puede tener para el país la salida de los británicos. Las primeras alertas avisan de un shock para la economía internacional, como explicaba la semana anterior el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos. Los efectos del Brexit no se notarán hasta dentro de dos años, pero el Gobierno quiere prepararse el terreno y aplicará una serie de "medidas intensivas para fomentar esta competitividad que ya tiene España", según explicó la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría.

El grupo de trabajo creado englobará todos los departamentos del Gobierno y estará dirigido por la vicepresidenta. Su objetivo será estudiar como atraer aquellas entidades financieras que deseen marcharse de la isla o necesiten una segunda sede. También aprovechará para atraer aquellas instituciones comunitarias que desplazarían la sede a otros territorios una vez el Brexit fuera efectivo.

Sobre las instituciones de la UE, Santamaría ha hablado de dos en concreto: la Agencia del Medicamento y la Autoridad Bancaria Europea (EBA), situadas actualmente en Londres. La primera es responsable de la evaluación científica, la supervisión y el control de la seguridad de los medicamentos desarrollados por empresas farmacéuticas para su uso en la UE.

El EBA garantiza la regulación y supervisión en el sector bancario europeo. Sus objetivos generales son mantener la estabilidad financiera en el continente, la eficiencia y el correcto funcionamiento del sector bancario. Su tarea principal es contribuir a la creación del código europeo de la banca y proporcionar un conjunto único de normas de prudencia armonizadas para las instituciones financieras en toda la UE. La Autoridad también tiene un papel importante en la promoción de la convergencia de las prácticas supervisoras y tiene el mandato de evaluar los riesgos y vulnerabilidades en el sector bancario comunitario.

La competencia se endurece para España y Catalunya, después de que Irlanda haya anunciado que también quiere ser receptora de empresas y capital afincado ahora en el Reino Unido.