España tendrá que pasar el examen en derechos humanos este miércoles ante las Naciones Unidas. Se trata el Examen Periódico Universal a que se someten cada cinco años los estados miembros del Consejo de los Derechos Humanos. La violencia contra los votantes del 1-O y la persecución contra el movimiento independentista se ha incorporado en el informe previo elaborado por este organismo. No obstante, también los estados pueden plantear preguntas durante el examen, algunas de las cuales han quedado ya registradas.

Entre estas cuestiones, una de Bélgica que interroga a España sobre el cumplimiento de las recomendaciones del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias. Lo hace sin citar la tensión en Catalunya ni el informe en que este grupo reclamó la puesta en libertad de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. En esta misma pregunta, se pregunta a España sobre el cumplimiento de las recomendaciones del comité contra la tortura, la subcomisión sobre prevención de la tortura y el ponente especial sobre libertad de reunión pacífica y de asociación.

Aunque el informe previo de Naciones Unidas sí habla sobre la violencia contra los votantes del referéndum, de las preguntas, de los siete países que han planteado ya sus cuestiones a  España sólo uno cita explícitamente el 1-O. Se trata de Irán, que pregunta si el Estado español está considerando nuevos pasos para mejorar la situación de la libertad de expresión y asociación, "principalmente en el contexto del referéndum del 1 de octubre del 2017".

 

No obstante, también Gran Bretaña e Irlanda del Norte preguntan qué iniciativas se propone España por fomentar la libertad de los medios de comunicación, mientras que Suecia pregunta que hará España como garantizará que la ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, no infringe el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de asociación y reunión, sobre todo por lo que respecta a los periodistas y la sociedad civil.

 

Alemania pregunta directamente si España tiene previsto modificar la ley de amnistía de 1977, para poder imputar posibles delitos cometidos antes de 1976.

La violencia de género, el tráfico de personas, el trato a los menores no acompañados, o medidas para incrementar el número de personas a quines se concede asilo són otras de las cuestiones planteadas por estos siete países.