ERC considera que es "inaceptable" que el borrador del decreto sobre vivienda que prepara el Gobierno, el decreto Maricarmen, no incluya el tope de precios en el alquiler de habitaciones, como pedían al PSOE y Sumar para darle su apoyo. Fuentes de los republicanos indican a la ACN que ya habían llegado a este acuerdo con el PSOE y lamentan que solo se haya incluido el tope para los alquileres de temporada, otra de sus demandas por el decreto. Las críticas de los republicanos abundan también en la falta de un redactado "ni claro ni definido" sobre cómo perseguir a los fondos de inversión. En este sentido, reclaman que el decreto incluya "la prohibición efectiva y garantista" de la compra de viviendas por parte de estos fondos.
Para Esquerra, el decreto tampoco llega lo suficientemente lejos en la suspensión de los desahucios para personas vulnerables. Los republicanos quieren que lleguen a "todas" las personas vulnerables. Además, reclaman que el IVA de las viviendas de uso turístico sea del 21% y no del 10%, como recoge el texto. El documento incluye la suspensión de los desahucios a las familias vulnerables previendo compensaciones para los propietarios particulares, y apunta a una prohibición de la compra especulativa por parte de fondos buitre, aunque este punto está por desarrollar.
Con estas demandas, Esquerra suma un nuevo grado de presión al Gobierno en las negociaciones de este decreto, después de que, desde Junts, hayan declarado también esta tarde que el borrador presentado por el ejecutivo que lidera Pedro Sánchez se aleja del acuerdo inicial al que habían llegado. Para los republicanos, las nuevas demandas se concentran en la aplicación de los índices de contención de rentas a los alquileres de habitaciones, como ya se hace en los contratos de alquiler de larga duración en Catalunya con la aplicación de la ley de vivienda del Congreso, y a los alquileres de temporada, como ya prevé el borrador del decreto Maricarmen. También piden que se limite el encadenamiento de los contratos de temporada, para evitar posibles fraudes a la ley de vivienda.