Esquerra Republicana ha registrado en el Parlament una proposición de ley que pretende regular el contrato de arrendamiento en Catalunya y reforzar la estabilidad de los inquilinos. La iniciativa, anunciada este miércoles por la portavoz republicana, Ester Capella, durante la sesión de control al Govern, plantea incorporar al Codi civil de Catalunya mecanismos que obliguen a los grandes tenedores a prorrogar los contratos en determinados supuestos y que establezcan una indemnización para los inquilinos cuando, a pesar de cumplirse las condiciones previstas, la propiedad decida no dar continuidad al contrato.
La propuesta, destinada a los grandes tenedores, llega en pleno debate sobre las medidas contra los desahucios y después de que el gobierno español haya aprobado nuevos decretos de vivienda que dependen del apoyo de los grupos del Congreso. Capella ha defendido que Catalunya no puede supeditar sus políticas de vivienda a lo que pase en Madrid y ha reivindicado las competencias propias de la Generalitat. "Catalunya no puede quedar pendiente de lo que decida Madrid", ha afirmado la portavoz de ERC, que ha recordado que el Parlament ya ha aprobado medidas para limitar los precios de los alquileres en zonas tensionadas, regular los contratos de temporada y los alquileres de habitaciones y establecer un régimen sancionador. "Para limitar el precio de los alquileres no esperamos. Para regular los alquileres de temporada y de habitaciones no esperamos. Para establecer un régimen sancionador contra los incumplimientos, no esperamos. ¿Por qué ahora sí tenemos que esperar?", ha preguntado.
Duración mínima de siete años de contrato
La proposición de ley plantea establecer una duración mínima de siete años para los contratos de vivienda habitual, eliminando la distinción actual entre los contratos de cinco y siete años en función de si la propiedad es una persona física o jurídica. En el caso de los grandes tenedores, ERC quiere reforzar esta protección con prórrogas obligatorias en los supuestos que determine la ley. Cuando se cumplan estos supuestos, pero la propiedad decida poner fin a la continuidad del contrato, la iniciativa prevé que el inquilino tenga derecho a una indemnización. ERC defiende que el objetivo es garantizar una estabilidad efectiva de la vivienda habitual y evitar que la continuidad residencial dependa de la capacidad de negociación de cada inquilino.
La propuesta también quiere impedir que determinadas cargas que corresponden a la propiedad acaben recayendo sobre los inquilinos y reforzar las garantías sobre el estado de la vivienda. En este sentido, establece que al inicio del arrendamiento se incorpore documentación fotográfica o audiovisual que permita dejar constancia de las condiciones del inmueble. Otro de los puntos de la iniciativa es la regulación de los animales de compañía. ERC propone que no se puedan prohibir de manera general en los contratos de arrendamiento, partiendo del principio de que los animales no son cosas. La medida sería compatible con la responsabilidad del inquilino por los posibles daños que el animal pueda causar en la vivienda o a terceros.
Contra los contratos de temporada para esquivar las garantías
ERC también quiere limitar el uso de los contratos de temporada para evitar que se conviertan en una vía para esquivar las garantías propias de los contratos de vivienda habitual. Según la propuesta, los arrendamientos para usos diferentes de la vivienda habitual permanente solo se podrían formalizar cuando respondan a finalidades recreativas, vacacionales, de ocio o de otras de naturaleza análoga. La proposición también regula el alquiler de habitaciones para evitar el "fraccionamiento" de los pisos. La iniciativa establece que el arrendamiento de una habitación solo pueda recaer sobre una parte de la vivienda y no se pueda utilizar esta figura para arrendar separadamente, habitación por habitación, la totalidad de un piso.
Capella ha situado estas medidas en el marco de la reivindicación de que Catalunya use "todas las herramientas" que tiene a su alcance para intervenir en el mercado de la vivienda. Durante la sesión de control, la republicana también ha reclamado al Govern que garantice que no haya "ningún tipo de desahucio de familias vulnerables en Catalunya" y ha exigido que se cumplan los acuerdos políticos suscritos.
Paneque reivindica los 25 millones para comprar viviendas con la Generalitat
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha coincidido con ERC en el objetivo de evitar los desahucios, pero ha defendido las medidas que está impulsando el ejecutivo de Illa. Paneque ha recordado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, anunció un fondo de 25 millones de euros para permitir que, en situaciones límite en que los mecanismos previos no hayan funcionado, la Administración pueda adquirir directamente la vivienda.
"Compartimos el objetivo de que en Catalunya no haya ningún tipo de desahucio", ha afirmado Paneque, que ha reivindicado que el Govern está activando "todas las palancas" disponibles. Entre estas medidas ha situado la compra compartida de vivienda y la aplicación del Código civil catalán, así como la exploración de fórmulas para prohibir la compra especulativa. "Las viviendas deben ser una residencia habitual y no un elemento especulativo", ha defendido la consellera, que, sin embargo, no ha concretado si el Govern apoyará la propuesta de ERC de obligar a los grandes tenedores a prorrogar los contratos e indemnizar a los inquilinos cuando no lo hagan.
El debate también ha evidenciado las discrepancias entre el Govern y el PP catalán. El diputado popular Pere Lluís Huguet ha cargado contra la política de vivienda del ejecutivo y ha cuestionado la compra compartida de vivienda, que considera una fórmula de propiedad temporal regulada por el Código civil catalán. "Quien acabará haciendo el negocio son los bancos", ha advertido. Paneque ha defendido que la Generalitat tiene "legitimidad y mecanismos" para aplicar esta política y ha reivindicado que el programa "fomenta el pequeño tenedor". "Cumplir el Código civil catalán es democracia", ha replicado al PP.
Los Comuns reclaman acelerar la unidad antidesahucios
Por su parte, la diputada de los Comuns Susana Segovia ha reprochado al Govern que todavía no esté en funcionamiento la unidad antidesahucios pactada hace un año. Segovia ha denunciado que el dispositivo, que debe mediar con los juzgados y acompañar a las familias afectadas, acumula meses de retraso, y también ha cuestionado la tramitación del registro de grandes tenedores.
Paneque ha asegurado que los problemas relacionados con la licitación ya se han resuelto y que el dispositivo estará en marcha "en las próximas semanas". La consellera ha explicado que contará con 40 millones de euros y tendrá despliegue territorial, con el objetivo de actuar de manera preventiva ante los desahucios. "No se le puede decir a un juez, cuando hay una sentencia, lo que tiene que hacer, pero se puede negociar", ha afirmado Paneque, que ha pedido a los grupos que no se equivoquen "de adversario". La consellera ha reivindicado también que el Govern ya ha activado un centenar de inspectores y ha avanzado que continuará desarrollando medidas en materia de vivienda y regulación de los usos temporales.