La iniciativa popular Salvem Cal Macià-Casa Vallmanya se ha cansado de esperar. Este lunes, la entidad en defensa de la masía, declarada bien de interés cultural nacional (BICN), situada en el término municipal de Alcarràs y propiedad de la familia de Eugènia Lamarca, esposa de Francesc Macià y donde el president pasó largas temporadas, ha denunciado ante la Fiscalía de Lleida al Govern de la Generalitat, a través del Departament de Cultura, y al ayuntamiento de Alcarràs por no proteger como es debido este edificio histórico. "Podrían haber cometido y estarían cometiendo todavía, varios delitos en relación con Casa Vallmanya, la casa familiar de Francesc Macià en Alcarràs, catalogada como BCIN en la categoría de Lugar histórico", advierten, hablando de dos delitos: uno contra el patrimonio y otro de prevaricación, al no cumplir deliberadamente con las obligaciones que la Ley de Patrimonio Cultural Catalán les otorga. Una dejadez que se da "a pesar de ser conocedores, con creces, del avanzado estado de ruina que presenta la casa que deberían estar protegiendo, en buena parte, producto de su propia inteligencia e irresponsabilidad", añaden los denunciantes, que desde hace años critican la dejadez que sufre una masía con un peso muy importante en la historia reciente de Catalunya, ya que Francesc Macià la llegó a usar como "segunda sede" de la Generalitat. 

"Más paciencia que Job"

En un hilo de X, la entidad defiende que con la denuncia quieren poner en conocimiento de la Fiscalía "toda la información disponible, para que investigue" si sus sospechas sobre los delitos que habrían cometido las dos administraciones son ciertas. "A lo largo de los últimos nueve años hemos agotado todas las vías de diálogo posibles, hemos hecho pedagogía, hemos dado tiempo y margen a todos los gobiernos municipales y autonómicos que se han ido sucediendo y hemos tenido más paciencia que Job", exponen, una paciencia que se les ha acabado ante una situación que consideran "límite". "El estado de la casa no permite más dilaciones, engaños o nuevas excusas. Ahora será en los juzgados donde se decidirá si en este país actuar deliberadamente contra el patrimonio histórico, arquitectónico y nacional sale gratis o, en cambio, tiene responsables y es punible", insisten los defensores de la masía. Para ellos, hay una "clara connivencia del ayuntamiento de Alcarràs con la propiedad de la casa en su afán por derruirla y eliminar este elemento protegido", mientras que la Generalitat y el departamento de Cultura, "hace años que permiten que esto pase". 

En 2023 se firmó un acuerdo entre la Generalitat, la diputación de Lleida y el ayuntamiento del municipio para comprar y restaurar el espacio, pero desde entonces no se ha producido ningún cambio. El pacto implicaba que la Generalitat y la Diputación darían 920.000 euros a Alcarràs, de los cuales 120.000 se deberían invertir en la compra de la finca, según el precio que estaba marcado en aquel momento, y el resto, en la restauración. Pero el dueño dobló el precio y la compra ha quedado encallada de manera indefinida, hasta hoy.