El abogado de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y los Jordis ante las Naciones Unidas, Ben Emmerson, ha afirmado hoy que España se está comportando como un régimen represivo, ya que ha reaccionado con el encarcelamiento de los políticos catalanes después de que la población civil pidiera de manera pacífica la independencia.

Emmerson también ha confirmado que el gobierno español está forzando la ley para que la causa convenga a su voluntad, y que, por lo tanto, ha ido mucho más allá de los límites de la democracia. Por otra parte, el abogado también ha pronosticado que el estado español acabará dando un paso atrás en materia de represión, ya que no puede seguir por este camino mucho más tiempo.

Además, ha añadido que si algún país extradita a algún político catalán en el exilio, se le estarán vulnerando sus derechos humanos, ya que en España no se están respetando ni los derechos humanos ni el derecho internacional. Este derecho, según Emmerson, fue vulnerado desde el momento que el Estado encarceló políticos por el simple hecho de defender la independencia de Catalunya y ha añadido también que no se puede usar como motor de la causa los delitos de rebelión y sedición, que tienen una pena de 30 años de prisión.

En el caso de Puigdemont, Emmerson ha reafirmado que tienen plena confianza en la justicia alemana, y ha recordado que no hay ninguna evidencia del delito malversación de fondos y, además, el mismo Mariano Rajoy ha defendido en sede parlamentaria que no se ha gastado "ni un céntimo público en la organización del referéndum de independencia catalán".

El abogado ha recordado que la comunidad internacional tiene que despertar y saber lo que realmente está pasando en Catalunya en materia de represión, aunque también ha confirmado que este despertar está llegando, y uno de los ejemplo es el apoyo de Amnistía Internacional a la causa de los presos políticos.

Por último, Emmerson ha recordado que no puede haber delito de terrorismo en la desobediencia civil, en referencia a la detención de la miembro del CDR Tamara Carrasco. Además ha recordado que no hay una definición de terrorismo en términos de derecho internacional, y que, por lo tanto, los estados más represivos pueden utilizar una definición muy amplia del delito, cosa que puede tener como objetivo instaurar el terror.